Acusado de intentar influir en elección de presidente de la Suprema Corte
La elección del próximo presidente de la Suprema Corte enfrenta una complejidad por una sola plaza externa disponible, generando una disputa indirecta entre candidatos.
SANTO DOMINGO.— La elección del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia ha generado una situación compleja para el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), donde las aspiraciones individuales, las preferencias atribuidas a sectores sociales y las disposiciones constitucionales se entrelazan.
En el centro de las deliberaciones figuran Fernando Langa Ferreira, abogado con experiencia en el sector privado, y Justiniano Montero Montero, magistrado de carrera recientemente confirmado por el CNM para un nuevo período de siete años.
Sin embargo, la decisión no se limita a escoger entre ambos. La particularidad del proceso radica en que de las seis vacantes disponibles, cinco estarían reservadas para jueces de carrera, mientras que solo una correspondería a profesionales ajenos al sistema judicial, según la distribución establecida para completar la Suprema Corte.
La eventual incorporación de Fernando Langa a la Suprema Corte consumiría la única plaza disponible para un profesional no perteneciente a la carrera judicial, independientemente de si es designado presidente o en otra posición, siempre que acepte.
La Constitución establece que las tres cuartas partes de los integrantes de la Suprema Corte deben provenir de la carrera judicial, mientras que la cuarta parte restante corresponde a profesionales del derecho, académicos o miembros del Ministerio Público.
En consecuencia, si se confirma que solo queda disponible una plaza para candidatos externos, la elección de Langa impediría incorporar a otro aspirante de esa misma procedencia.
Ahí surge un segundo elemento de interés político. Según informaciones que circulan alrededor del proceso, entre las aspirantes figura una profesional de Santiago, Ilona de la Rocha, que contaría con la anuencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
De confirmarse esa preferencia, la incorporación de Langa y la de la aspirante santiaguera resultarían incompatibles dentro de la actual distribución de vacantes. No se trataría de una competencia directa por la presidencia de la Suprema, sino de una disputa indirecta por la única posición disponible para candidatos externos a la carrera judicial.
La situación sería distinta si el CNM decidiera colocar en la presidencia a Justiniano Montero. Montero ya forma parte de la Suprema Corte y fue uno de los cinco magistrados confirmados por el CNM el pasado 8 de septiembre.
Por consiguiente, su eventual designación como presidente no consumiría ninguna de las seis plazas que deben ser llenadas, lo que le dejaría el paso abierto a Ilona de la Rocha.
La vicepresidenta Raquel Peña no integra constitucionalmente el CNM, por lo que cualquier influencia que se le atribuya tendría carácter indirecto y no constituiría una participación formal en la votación, sino que sería a través del propio presidente Luis Abinader.
Incluso se ha planteado a la propia Ilona de la Rocha como una “tercera vía” para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia que agregaría el elemento de género y además proveniente de Santiago.
Justiniano Montero cuenta con la simpatía de sectores del Partido Revolucionario Moderno con incidencia en el poder judicial y el Tribunal Constitucional, así como de Participación Ciudadana e importantes representantes del Ministerio Público; mientras que Langa cuenta con el respaldo público de juristas importantes, las iglesias católicas y evangélicas, grupos empresariales, organizaciones sociales y el visto bueno de la oposición.
