Agropecuarios exigen títulos de propiedad tras 27 años de espera

Un grupo de profesionales agropecuarios solicitó al presidente Luis Abinader intervenir ante el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) para que se les entreguen sus títulos de propiedad y se les permita disponer físicamente de los terrenos que, según aseguran, pagaron hace 27 años.

A través de una entrevista, los afectados explicaron que adquirieron solares de aproximadamente 250 metros cuadrados cuando el CEA salió con el proyecto de venta, con la esperanza de comprar un solar para empezar a construir sus casas. Sin embargo sostienen que esas esperanzas fueron desvanecidas tras el sacrificio que hicieron para buscar el dinero para que 27 años después sus títulos no aparezcan.

“Cuando el CEA salió con el proyecto de venta, nosotros abrigamos la esperanza de comprar un solarcito para comenzar a hacer nuestra casita aunque fuera block a block, sin embargo todas nuestras esperanzas se desvanecieron, ¿por qué? Porque con mucho sacrificio buscamos el dinero y 27 años después que estamos viejos todos, nuestros títulos no aparecen. Entonces exigimos que se nos entreguen nuestros títulos y que no se entreguen también nuestros solares en físico”, expresó.

Enerolisa Simón, miembro de la comisión, explicó que inicialmente fueron asignados 1,068 solares en los proyectos nombrados como Susan I, Susan II y Susan III, ubicados en la avenida de las Américas, alrededor del Club de Aduanas. Posteriormente, 592 profesionales fueron reubicados en terrenos próximos a La Caleta, específicamente en el kilómetro 22 de esa vía.

Simón indicó que los beneficiarios realizaron diferentes pagos al CEA, incluidos montos para la adquisición de los terrenos y la apertura de caminos en una zona que, según describió, carecía de servicios básicos. Aseguró que el grupo ha desembolsado millones de pesos sin recibir la solución definitiva a su reclamo.

Los representantes de la comisión aseguraron que los profesionales han pagado alrededor de 60 millones de pesos al CEA por concepto de los terrenos. Explicaron que, inicialmente, entregaron 6 millones de pesos como adelanto y otros 2 millones para la apertura de caminos en los solares, que entonces carecían de servicios y estaban cubiertos de rocas.

Posterior a esto, indicaron que saldaron el costo de los terrenos además de destinar más de ocho millones de pesos para contribuir al pago de los títulos de los agropecuarios, sin que hasta el momento hayan obtenido la documentación reclamada.

De su lado, el ingeniero Danilo Severino señaló que estos proyectos presentan situaciones particulares, entre ellas retrasos burocráticos, problemas de ocupación de terrenos y dificultades para completar los procesos de titulación. Indicó que, aunque algunos beneficiarios han avanzado en la regularización de sus propiedades, otros continúan a la espera.

Junto a Severino, el ingeniero Julio A. Peña informó que los profesionales se han dirigido en diferentes ocasiones al CEA en busca de obtener información acerca de sus expedientes, sin embargo indican no recibir respuestas claras sobre el proceso y los pasos pendientes para obtener sus títulos.

Peña Rubio sostuvo que algunos de los beneficiarios han fallecido sin ver resuelta su situación, mientras otros han envejecido esperando disponer legalmente de los terrenos que adquirieron.

Producto de esta situación, insistió en que las autoridades deben agilizar la solución y establecer un canal de información efectivo para los afectados.

Ramón Alvarado, otro de los miembros, solicitó en nombre de los profesionales que sus casos sean incorporados a los programas de titulación que impulsa el Gobierno y que se instruya a las instituciones correspondientes a cumplir con los compromisos asumidos.

Además de los títulos, reclaman la entrega física de los solares, debido a que aseguran que algunas porciones permanecen ocupadas por terceros.

Ramón Alvarado advirtió que, si no reciben respuestas, contemplan recurrir a acciones legales y movilizaciones, siempre dentro del marco de la ley.

Los representantes aclararon que su principal objetivo es obtener los documentos de propiedad y la posesión de los terrenos, para poner fin a una espera que, según afirmaron, se ha prolongado durante casi tres décadas sin una respuesta definitiva.