Analista advierte a RD y Centroamérica que actúen con prudencia fiscal

Wilfredo Díaz Cruz, especialista en macroeconomía y coordinador de la Secretaría del Consejo Monetario y Financiero (Semmca) de la región CARD, advierte que los países de Centroamérica y la República Dominicana deben actuar con prudencia fiscal para enfrentar una serie de riesgos externos.

En su análisis titulado “Una tormenta perfecta: ¿existen posibilidades de una crisis fiscal?”, Díaz Cruz señala que la región enfrenta tres perturbaciones externas: el alza de los precios de los hidrocarburos y la generación de energía vinculada a tensiones geopolíticas, un episodio intenso del fenómeno de El Niño que afectaría la disponibilidad de agua, la producción agrícola y los alimentos, y el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales.

El especialista observa que entre 2001 y 2025, los episodios de estrés internacional han ampliado los déficits fiscales y contribuido a una acumulación de deuda. En su análisis, evalúa la situación de las finanzas públicas a junio de 2026, destacando las principales vulnerabilidades y fortalezas de cada país.

Aunque la posición fiscal de la región es relativamente favorable, con superávits primarios y una deuda pública regional inferior al 48% del PIB, los choques actuales podrían deteriorar simultáneamente el crecimiento económico, el balance primario y las condiciones de financiamiento, aumentando las presiones sobre la sostenibilidad de la deuda durante 2026 y 2027, según el experto.

La región CARD ha experimentado reducciones de entre 30 y 140 puntos base en los diferenciales soberanos durante el último año. Sin embargo, algunos acontecimientos de septiembre han elevado los riesgos, como el alza del precio del petróleo y el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que alcanzó 5.22%, su nivel más alto desde junio de 2007.

Díaz Cruz señala que las crisis dejan niveles de deuda más altos durante años, debido al menor dinamismo de los ingresos tributarios, la rigidez del gasto, la ausencia de reformas estructurales, los gastos asociados al ciclo político y un patrón consistente con una política fiscal procíclica. Esta situación ha llevado a varios países de la región a realizar procesos de consolidación fiscal.

El crecimiento de los déficits se acentuó durante la crisis del Covid-19 y el choque de precios de energía en los primeros meses de 2022, exacerbado por la guerra de Rusia contra Ucrania. Como proporción del PIB, la deuda del Gobierno Central de la región aumentó de 23.9% en 2007 a 29.0% en 2009, llegó a 44.0% en 2019 y ya en 2020 saltó a 54.0%, lo que representa un aumento de 10.0 puntos en un solo año.

Todos los países registraron balances primarios positivos, lo que explica la estabilidad del saldo de la deuda. Aunque la situación fiscal se puede considerar sostenible en general en la región, las condiciones varían por país. El crecimiento de 6.0% de los tributos refleja en parte mayores presiones inflacionarias y no necesariamente una mejora estructural.

El especialista destaca que la estrategia de obtener financiamiento se ha orientado cada vez más hacia el mercado internacional de capitales. Honduras colocó US$815.7 millones a diez años con un rendimiento de 6.4% en julio de 2026, República Dominicana colocó US$2,750 millones en febrero (5.75% a ocho años y 6.15% a 12.25 años) y Costa Rica colocó €1,000 millones al 5.95% en enero con vencimiento en 2033.

Díaz Cruz sostiene que esta estrategia aumenta la exposición a las condiciones de refinanciamiento internacional y a los riesgos derivados de la tasa de interés y el tipo de cambio. Además, ningún país de la región tiene grado de inversión hasta ahora, lo que los hace más sensibles a los movimientos de las primas de riesgo en el mediano plazo.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana registran un mayor peso de intereses de la región (23.9% de los ingresos) y deuda de 60.2% del PIB. Entre 2001 y 2025, se muestra que en episodios de distorsión internacional, el déficit se ensanchó debido a una menor recaudación tributaria frente a un gasto rígido, como ocurrió en la crisis financiera internacional, durante la pandemia y en los choques de energía de los últimos años generados principalmente por conflictos armados.