Lunes, 26 de octubre de 2026
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Audiencia aplazada para mujer acusada de secuestro en Puerto Plata

La audiencia para conocer la medida de coerción contra una mujer imputada en el secuestro de un ciudadano alemán se pospone al 27 de octubre.

Imagen de la oficina judicial de Puerto Plata.
Imagen de la oficina judicial de Puerto Plata.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata aplazó la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra una mujer imputada por el rapto y robo agravado de un ciudadano alemán. La nueva fecha se estableció para este martes 27 de octubre, a las 9:00 de la mañana.

La defensa de Alejandra Rojas Saldaña, alias Yolaska, solicitó más tiempo para presentar los presupuestos de arraigo ante el tribunal. Esta petición fue aceptada, lo que pospone el análisis de la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público.

El Ministerio Público solicita que se le imponga prisión preventiva por su presunta vinculación con los hechos ocurridos el pasado jueves 22 de octubre. Según la investigación del Minister, Rojas Saldaña habría actuado junto a Yeifri Riquerbin Batista Martínez, alias Jefri, quien permanece prófugo.

El órgano acusador sostiene que ambos habrían penetrado a la residencia del ciudadano alemán Uwe Kindervater alrededor de las 8:00 de la noche de la referida fecha, donde lo ataron de manos y pies y lo amenazaron de muerte con un arma de fuego.

Posteriormente, los presuntos responsables habrían sustraído dinero en efectivo, tarjetas bancarias y un teléfono celular, además de intentar realizar transferencias electrónicas. Según la investigación de la Policía, la mujer tenía una relación sentimental con el extranjero.

Según la investigación, la víctima fue trasladada contra su voluntad en su propio vehículo, hasta que logró escapar en una estación de combustible del municipio Villa Montellano, en Puerto Plata. La evaluación médico-legal practicada al extranjero determinó que presentaba golpes en distintas partes del cuerpo.

La Fiscalía calificó provisionalmente los hechos como presuntas violaciones al Código Penal dominicano en materia de robo agravado, secuestro, asociación de malhechores, tortura y barbarie, así como a la Ley 631-16, sobre el control y la regulación de armas, municiones y materiales relacionados.

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