Aumenta interés en financiamientos sostenibles para mipymes
Más de 4 mil dueños de negocios recibieron apoyo para adoptar prácticas sostenibles en República Dominicana.
El acceso a créditos para la adopción de prácticas cada vez más sostenibles y respetuosas con el medioambiente ha dejado de ser una opción financiera disponible solo para las grandes empresas. En República Dominicana, iniciativas enfocadas en apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) han permitido que hasta 4,677 dueños de negocios y personas particulares hayan recibido financiamientos verdes, asistencia técnica y acompañamiento en lo que va de este año.
A través de facilidades otorgadas por el Consejo de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), se han destinado entre un 10 % y un 15 % de la cartera crediticia a financiamientos sostenibles. Según el subdirector general de Promipyme, Leonardo Perozo, el objetivo es acompañar en la financiación con asesoría, acompañamiento técnico, formación y capacitación en materia de sostenibilidad, finanzas, gestión de efectivo y otras iniciativas que permitan garantizar la supervivencia de los negocios.
Este esfuerzo se enmarca dentro del programa Potencia Mipyme, que busca desarrollar las capacidades de estos negocios en materia de energía circular, economía ambiental y la preservación de recursos marinos y pesqueros (economía azul). Perozo explicó que estos programas buscan contribuir con tasas y financiamientos blandos, entendiendo que el costo de los programas sostenibles tiende a ser elevado para pequeños negocios.
Cada vez existen más productos financieros específicos para estas necesidades y abiertos tanto a clientes como empresas. La gerente de Banca Responsable del Banco Popular, Nathaly Uribe, aseguró que su institución cuenta con un portafolio de productos y servicios orientados a mipymes, incluyendo este tipo de créditos. A esto se suma el apoyo que la entidad brinda a través de iniciativas como Hazte Eco, que ya superó los 2,000 millones de pesos en desembolsos desde su creación en 2019.
De igual modo, hay organizaciones multilaterales con programas de financiamiento a los que las micro, pequeñas y medianas empresas pueden aplicar. La oficial del programa ACE Facility, Daniela Sifontes, destacó que la República Dominicana es uno de los países que más somete proyectos dentro de esta iniciativa gestionada por el Fondo de Biodiversidad del Caribe (CBF), que cuenta con hasta 25 millones de dólares en recursos no reembolsables para proyectos basados en energía circular.
Sifontes manifestó que el CBF presta atención a propuestas de valor innovadoras y claras, el cofinanciamiento que se aporta, las alianzas que cuenta el proyecto, las capacidades técnicas que se busca desarrollar y los beneficios ambientales y sociales que generará la iniciativa. Perozo, Uribe y Sifontes participaron en el panel “Capital para cerrar el ciclo: financiamiento circular y azul en República Dominicana”, donde se analizaron iniciativas de acceso a crédito sostenible tanto para mipymes como para grandes empresas.
En este panel, el gerente del programa del Instituto Global para el Crecimiento Verde (CGGI), Alfredo García Besné, observó que lo más importante para cualquier empresa que quiera acceder a estos fondos, indistintamente de su tamaño, es contar con proyectos claramente definidos y medidos. “Lo que no se mide, lo que no se cuantifica, no puede obtener inversiones”, señaló el ejecutivo, quien planteó que esto es importante no solo para destacar entre otras iniciativas, sino para determinar en qué se utilizará el dinero una vez se apruebe el financiamiento.
García Besné aseguró que la República Dominicana ya tiene un avance importante en inversiones azules y en economía circular luego de que, hace dos años, el Gobierno emitiera más de 750 millones de dólares en un bono verde, de los cuales el 19 % se destinó para apoyar iniciativas vinculadas a la preservación del recurso agua. “No estamos en una etapa inicial; estamos en una etapa con cierto nivel de avance”, enfatizó. No obstante, indicó que muchos proyectos siguen presentando brechas cuando se trata de definir las capacidades técnicas, la evaluación económica apropiada y el sistema para determinar los riesgos ambientales y sociales.
