CIDH alerta por riesgos de una dominicana presa en Venezuela

Dayana Heredia, una estilista dominicana que trabajaba en Ciudad Juan Bosch, fue arrestada en Venezuela el 13 de julio de 2024. Según sus familiares, viajó a Colombia mediante una red de viajes irregulares que también opera en ese país, donde le proporcionaron documentos venezolanos falsos para luego trasladarse a Venezuela.

La detención de Heredia terminó en una condena de 21 años de prisión, tras encontrársele documentos falsos y acusársele de tener fotografías de sustancias ilícitas en su teléfono celular. Sin embargo, un familiar que pidió mantener su identidad en reserva relata que ella no tenía nada en su cuerpo ni en sus pertenencias, y no tienen conocimiento si efectivamente las tenía.

La familia sostiene que existen contradicciones en el proceso judicial. Durante el juicio, los agentes que la arrestaron declararon que no encontraron sustancias ilícitas entre sus pertenencias y le realizaron pruebas en las manos para determinar si tuvo contacto con alguna de ellas. “Todo eso salió negativo y eso lo dice el expediente acusatorio y la misma sentencia”, afirma el allegado.

Heredia fue recluida inicialmente en Santa Bárbara, en el estado venezolano de Zulia, y luego trasladada al Centro Penitenciario de la Región Andina (Cepra), en Mérida, sin que se le notificara el cambio ni a su abogado. “La tienen en total hacinamiento. Nos dijeron que se armó un motín en la cárcel en que estaban y a ella y tres presas más las trasladaron”, cuenta la fuente.

La familia también denuncia presuntas irregularidades en el manejo de las pruebas. Afirman que funcionarios utilizaron el teléfono en el que dijeron que encontraron las fotografías para hacer llamadas, lo que, a su juicio, compromete la evidencia presentada contra Heredia. “Gastamos muchísimo dinero en abogados privados. Todo en dólares. Fuimos víctimas de extorsión de los mismos funcionarios”, indica el pariente.

Además de las denuncias sobre el proceso, la familia expresa preocupación por el estado de salud de Heredia, quien presenta problemas renales y no recibe suficiente agua. Su abogado solicitó que la llevaran a un hospital, pero, según el allegado, no atendieron la petición.

La familia acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 10 de agosto de 2026 adoptó la Resolución 63/2026, otorgando medidas cautelares a favor de Heredia y otros dos detenidos. La CIDH consideró que la dominicana se encontraba en una situación de gravedad y urgencia, con sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud en riesgo de sufrir un daño irreparable.

La CIDH también señaló que no recibió información del Estado que permitiera conocer las acciones adoptadas para atender o mitigar la situación de riesgo. Desde la detención, los familiares aseguran que buscaron ayuda en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero recibieron como respuesta que no había relaciones diplomáticas con Venezuela. “Nos sentimos abandonados de parte de Cancillería, porque no nos brindaron la asistencia”, expresa el allegado.

La familia afirma que también dirigió una solicitud al entonces canciller Roberto Álv, sin obtener los resultados esperados. Durante ese período, un vicecónsul en Venezuela, Isidro Castillo, les habría ayudado a canalizar información sobre el caso. “Ese mismo informe ellos lo pasaban a Cancillería, pero en estos dos años nunca contactaron a ninguna autoridad venezolana con relación a ese caso para verificar cuáles son las condiciones en la que está Dayana detenida o de qué se le acusa”, afirma el allegado.

Tras la difusión de un video en el que Heredia pide ayuda al presidente Luis Abinader para salir de prisión, la familia asegura que recibió el acercamiento del nuevo cónsul dominicano en Venezuela, Héctor Pastor Vázquez. Debido a las restricciones de comunicación, los allegados dicen que dependen de otras personas con familiares recluidos en el mismo centro para hacerle llegar dinero, alimentos y productos de higiene.

Según explican, Heredia no puede realizar llamadas con regularidad y aprovechó la visita de otras reclusas para enviar el video que circuló en redes sociales. La familia también afirma que, durante el proceso, dos abogados les solicitaron 15,000 dólares para realizar supuestas negociaciones con jueces a fin de conseguir su libertad. “Nos pedían 15,000 dólares para hacer negociaciones con los jueces para dejarla libre. Nunca accedimos a eso porque entendíamos que ella era inocente y que nosotros no teníamos por qué pagar”.