CNM concluye evaluaciones con propuestas para modernizar sistema judicial

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) concluyó el viernes las entrevistas para escoger seis jueces de la Suprema Corte. La cuarta y última jornada del proceso se celebró en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña en representación del presidente Luis Abinader.

Asistieron los últimos 22 aspirantes de un proceso que comenzó con 88 profesionales preseleccionados y que acumulaba 63 entrevistas realizadas hasta el jueves. Durante la jornada, se abordaron temas como la reducción de la mora judicial, la modernización de los procedimientos legales y la protección de las víctimas.

Las intervenciones pusieron nuevamente en evidencia la preocupación por los retrasos en los tribunales, un problema que ha ocupado buena parte de las discusiones durante las cuatro jornadas del CNM. Entre las propuestas más relevantes figura la creación de una cuarta sala en la Suprema Corte, mientras otros aspirantes defendieron la digitalización de expedientes y la actualización de normas procesales.

La última sesión también abrió debates sobre los derechos de la niñez, la trata de personas, la protección de las pequeñas empresas, la responsabilidad de los jueces frente a la opinión pública y los desafíos que plantea el uso de inteligencia artificial dentro del Poder Judicial.

José María Vázquez Montero propuso crear una cuarta sala en la Suprema Corte de Justicia como mecanismo para enfrentar la acumulación de expedientes y contribuir a reducir los tiempos de respuesta del alto tribunal. Su propuesta introdujo una discusión sobre la estructura organizativa de la Suprema y la distribución de los asuntos entre sus órganos jurisdiccionales.

Danilo Tineo presentó su experiencia en la eliminación de la mora y la digitalización de expedientes en el tribunal donde ha desempeñado funciones. Su intervención vinculó los resultados administrativos con la utilización de herramientas tecnológicas para organizar y dar seguimiento a los procesos.

Eduardo Sánchez defendió el plazo razonable como una garantía constitucional que debe orientar la actuación de los tribunales. Su planteamiento recordó que la duración de los procesos tiene consecuencias sobre los derechos de las partes, especialmente cuando la demora impide obtener una respuesta judicial efectiva.

Sara Veras abordó la necesidad de fortalecer la ejecución de las sentencias y agilizar los procedimientos penales. La aspirante colocó la atención sobre una dimensión que trasciende la emisión de los fallos: garantizar que las decisiones adoptadas por los tribunales puedan cumplirse efectivamente.

La Ley de Casación, uno de los asuntos más recurrentes durante las evaluaciones, volvió a generar propuestas relacionadas con la duración de los litigios. Juan Fantino Suriel defendió el filtro de casación como una herramienta para evitar que determinados procesos se prolonguen innecesariamente y permitir que el alto tribunal concentre su intervención en los asuntos que reúnen las condiciones previstas por la legislación.

En materia de resolución de conflictos, Carmen Tejeda Soto advirtió que la creación de la figura del juez conciliador resulta insuficiente si no está acompañada de una formación adecuada para los magistrados que asumirían esas responsabilidades. Su intervención destacó la importancia de la capacitación judicial para que los mecanismos alternativos de solución de controversias puedan funcionar de manera efectiva y contribuir a disminuir la cantidad de litigios que llegan a los tribunales.

La utilización de inteligencia artificial en los tribunales volvió a aparecer durante la última jornada de evaluaciones. Uno de los magistrados entrevistados, Pedro Sánchez Rivera, planteó que la Suprema Corte deberá establecer criterios para regular el uso de estas herramientas, un asunto que adquiere relevancia ante la creciente incorporación de sistemas automatizados en tareas jurídicas.

La independencia judicial también ocupó espacio durante las entrevistas. Otro de los candidatos, Domingo José Rojas, sostuvo que la presión mediática no debe influir sobre las decisiones de los magistrados, quienes están obligados a resolver los asuntos sometidos a su conocimiento conforme a las pruebas y al derecho aplicable; especialmente en procesos de elevada exposición pública, cuando las actuaciones judiciales generan debates intensos en los medios de comunicación y las redes sociales.