Codue rechaza uso de 'código 29' y pide revisión de protocolos contra la delincuencia

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) rechazó el uso del “código 29” de la Policía y pidió una revisión de los protocolos vigentes contra la delincuencia. La entidad señaló que los recientes hechos de violencia, en los que más de 30 presuntos delincuentes perdieron la vida en intercambios de disparos, exigen respuestas que vayan más allá de la reacción inmediata.

Según el Codue, los últimos acontecimientos demandan medidas concretas que incluyan el seguimiento continuo de situaciones de riesgo y un estricto cumplimiento del deber por parte de las instituciones responsables del orden y la seguridad. La entidad sostuvo que la respuesta debe ser más integral y no limitarse a la acción policial.

La organización religiosa consideró fundamental esclarecer las circunstancias de los hechos mediante una investigación transparente e independiente, que permita determinar las responsabilidades correspondientes y garantice el debido proceso. Destacó que las denuncias o los presuntos antecedentes delictivos de los involucrados no eliminan sus derechos fundamentales.

El Codue advirtió que las actuaciones de los organismos de seguridad deben desarrollarse dentro del marco de la ley, con respeto a la vida y a la integridad de las personas. La entidad señaló la importancia de evaluar la continuidad del acompañamiento institucional a ciudadanos que enfrentan situaciones de violencia, incluso después de que se hayan producido denuncias o intervenciones judiciales.

La organización también llamó a promover modelos de crianza basados en el respeto, el diálogo y la disciplina sin violencia, al considerar que el entorno familiar desempeña un papel esencial en la formación emocional y social de niños y adolescentes. Planteó que las familias, las escuelas, las iglesias y las organizaciones comunitarias deben fortalecer sus mecanismos de detección y denuncia del maltrato.

Finalmente, el Codue destacó la necesidad de desarrollar iniciativas de orientación familiar y convivencia pacífica, como parte de una estrategia integral para prevenir la violencia y garantizar la protección de las víctimas.