Viernes, 30 de octubre de 2026
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Corte de Apelación mantiene prisión preventiva a 'el Pastor' imputado por maltrato a menores

La Corte de Apelación de San Cristóbal confirmó la prisión preventiva de tres meses al director de una fundación acusado de maltrato a menores.

Imagen de la Fundación Restaurando Vidas en el municipio de Bajos de Haina.
Imagen de la Fundación Restaurando Vidas en el municipio de Bajos de Haina.

La Corte de Apelación de San Cristóbal ratificó este jueves la medida de coerción de tres meses de prisión preventiva impuesta a Ángel Capellán, conocido como “el Pastor”, director de la Fundación Restaurando Vidas. El imputado es acusado de maltrato físico, psicológico y trata de personas en perjuicio de varios menores de edad en esa institución, ubicada en el municipio de Bajos de Haina, San Cristóbal.

La decisión contó con el voto disidente de uno de los jueces. El tribunal rechazó el recurso presentado por la defensa del imputado. “El Pastor” fue arrestado durante un operativo judicial y policial que llevó al rescate de las víctimas, el cual se desencadenó luego de que uno de los menores retenidos logró fugarse y alertó a las autoridades en un destacamento policial sobre los graves abusos a los que eran sometidos.

La instancia detalla que, en el marco de una operación ejecutada la noche del 2, 3 de septiembre de 2026, el Ministerio Público, conjuntamente con otros órganos, realizó allanamientos simultáneos en los sectores La Pared y El Carril, del municipio de los Bajos de Haina, provincia San Cristóbal. En el operativo se rescataron 13 niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los cuatro meses y los trece años.

Las víctimas presentaban signos evidentes de maltrato físico y psicológico. El centro de operaciones intervenido operaba bajo la fachada de una fundación y un espacio religioso, ubicado en el interior de una finca. A Ángel Gabriel Capellán (el Pastor o Capellán) le fue dictada la medida de coerción de tres meses de prisión, mientras que a Isaías Ramón Muñoz Rodríguez le fue impuesta una garantía económica de RD$20 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.

El expediente depositado por el Ministerio Público detalla que, además del maltrato sistemático, los procesados obligaban a los niños, niñas y adolescentes a realizar trabajos forzados dentro de las instalaciones.

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