Corte fija fallo del recurso contra RD$7.5 millones por celular

La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó el 18 de noviembre como fecha para el fallo del recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República, que busca revocar la decisión que condenó al pago de RD$7.5 millones por no devolver un teléfono celular marca Samsung valorado en 3,200 pesos a un imputado por presunta corrupción.

La decisión fue establecida tras conocerse el fondo del recurso presentado por la Procuraduría. La sentencia recurrida fue emitida por la jueza Patricia Padilla del Segundo Juzgado de Instrucción y corresponde al monto de la astreinte, una sanción económica por incumplimiento de una resolución judicial del año pasado que ordenaba la entrega de bienes incautados.

El acusado, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, fue director administrativo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) durante la gestión de Hugo Beras. Forma parte del grupo de 10 personas acusadas por presunto sabotaje a la red semafórica y estafa contra el Estado.

El abogado Jhon Manuel Frías, defensor de Álvarez Carbuccia, explicó que la astreinte de 20 mil pesos diarios impuesta por la Procuraduría por cada día de incumplimiento sumó un total de 7.5 millones de pesos. Afirmó que el monto no busca indemnizar el valor del celular, sino obligar al Estado a cumplir una orden judicial.

Según el abogado, si se permitiera que la parte que desacata la orden judicial dijera que el dispositivo se perdió o estaba en una mudanza, la eficacia de las decisiones judiciales se vería comprometida. La jueza Patricia Padilla señaló que el Ministerio Público alegó que no había entregado el celular porque estaba en el Inacif, donde se realizaba una extracción de datos para la acusación de supuesta malversación.

Luego del Inacif, el teléfono fue llevado al almacén de evidencias en el edificio de la vieja Corte, pero fue trasladado en una mudanza apresurada, lo que retrasó su localización. Los fiscales se ofrecieron a pagar el dispositivo al precio que dijeran los representantes de Álvarez Carbuccia, pero la jueza argumentó que no se presentó la prueba necesaria para justificar la imposibilidad de cumplir con la devolución.

El abogado Frías sostuvo que la jueza dejó claro que la custodia de las evidencias es responsabilidad del Ministerio Público. Si un bien desaparece bajo su control, no se elimina el incumplimiento. Concluyó que la sentencia confirma que las órdenes judiciales deben cumplirse completa y oportunamente, especialmente cuando el obligado es una institución pública.