Defensa Pública pide que Ministerio Público investigue intercambios de disparos de la Policía
Director de Defensa Pública exige que la Procuraduría revise cada caso de supuestos enfrentamientos entre policías y civiles con antecedentes delictivos.
El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín, solicitó formalmente al Ministerio Público que revise cada caso de supuestos intercambios de disparos entre agentes de la Policía Nacional y civiles con antecedentes delictivos.
Valentín pidió que, en cada situación, la procuradora general designe a los titulares del Ministerio Público de las jurisdicciones afectadas para investigar los hechos. “Donde quiera que se suscite un intercambio de disparos, debe designarse a los titulares del Ministerio Público de esas jurisdicciones para investigar los hechos”, indicó.
El funcionario cuestionó la práctica de que la Policía Nacional, a través de comisiones integradas por sus propios miembros, investigue los casos de intercambios de disparos. “No es lógico que sea la misma Policía que investigue, ya que podría generarse dudas sobre la transparencia y la imparcialidad de los resultados”, señaló.
Valentín destacó que corresponde al Ministerio Público determinar si los hechos reportados por la Policía constituyeron enfrentamientos armados o ocurrieron en otras circunstancias. “Deben realizarse las investigaciones necesarias para esclarecer si hubo intercambio de disparos”, enfatizó.
El director explicó que las investigaciones deben incluir procedimientos médico-legales para establecer las circunntancias en que fallecieron las personas involucradas. Señaló que, en casos de muerte violenta, las autoridades deben realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, incluidas las evaluaciones de especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Valentín recordó que la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, establece que una de las responsabilidades de la institución es preservar la vida y garantizar la seguridad ciudadana. Durante sus declaraciones a periodistas, consideró preocupante el uso de expresiones como “código 29” para referirse a la muerte de personas durante intervenciones de los organismos de seguridad.
Agregó que el uso de términos sustitutos para referirse a la muerte no constituye una actitud positiva dentro de un Estado social y democrático de derecho. “No basta con aceptar las versiones iniciales de los acontecimientos, sino que deben realizarse las investigaciones necesarias”, concluyó.
