Defensor del Pueblo respalda apoyo a operaciones contra pandillas en Haití

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, llamó a la sociedad dominicana a comprender la situación de la frontera domínico-haitiana y el compromiso de preservar la estabilidad del país. Destacó la importancia de mantener la calma en la región, considerando que cualquier alteración en Haití podría afectar la tranquilidad en territorio dominicano.

Ulloa expresó su apoyo al apoyo logístico brindado por el Gobierno Dominicano a las operaciones que lleva a cabo el presidente Nayib Bukele, para combatir las pandillas haitianas tras la desaparición de cuatro soldados salvadoreños. Recordó que la convención de Ginebra impide al país intervenir directamente en Haití, pero el respaldo del presidente Luis Abinader es considerado adecuado.

El Defensor del Pueblo insistió en la necesidad de confiar en las Fuerzas Armadas y en el Ejército, para preservar la estabilidad nacional. “Tenemos que confiar en el Ejército, el país, y, más que todo, las Fuerzas Armadas y llamar a preservar la dominicanidad, en este caso, proteger los ciudadanos dominicanos y preservar la estabilidad nacional”, afirmó.

Ulloa consideró que no puede haber una política de seguridad del Estado si las cárceles no son controladas por el régimen penitenciario. Destacó la necesidad de acondicionar los centros para privados de libertad, pero advirtió que el Sistema de Justicia debe evitar el exceso de prisión preventiva, lo que, a su juicio, genera corrupción y hacinamiento.

Expresó que la retribución de los presos varía según el tipo de delito cometido. “No es lo mismo un crimen desde el punto de vista de sangre o ciberdelincuencia que un crimen famelico”, señaló. En un taller sobre el Código Penal, abogó por la construcción de cárceles adecuadas para el país.

En torno a más de 53 mil órdenes de apresamiento que tiene la Policía Nacional, Ulloa señaló que se trata de actos administrativos. Sugirió a los jueces emitir órdenes de arresto y sentencias ejemplificadoras. “Hablar de orden de arresto sin que un juez o ministerio público haya firmado sería una contravención en vista del estado de derecho”, dijo.