Defensoría Pública rechaza asumir casos de empresas acusadas de lavar activos
La Defensoría Pública se niega a representar a empresas imputadas por lavado de activos, dejando varios casos en limbo.
Varios procesos penales que involucran empresas y organizaciones acusadas de participar en redes de lavado de activos, corrupción y criminalidad organizada se encuentran estancados debido a la falta de representantes legales. La Oficina Nacional de Defensa Pública ha sido ordenada por al menos tres tribunales para asumir la defensa de esas entidades, pero se ha negado a hacerlo.
Francisco Álvarez, coordinador de Participación Ciudadana, señaló que las empresas, que persiguen un fin de lucro, deberían tener patrimonio y poder contratar sus propios abogados. Según él, el Estado no debería asumir la representación de entidades sometidas a procesos penales por delitos graves.
La primera decisión que generó el conflicto fue del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en 2023, que ordenó que la Defensoría asumiera el caso de F & F Ezel Import, SRL, acusada de apropiarse de más de RD$684 millones en licitaciones para alimentos en cárceles. Rafael Razuk Moya Feliz, socio gerente de la empresa, admitió su participación en una estructura que incluía al exprocurador Jean Alain Rodríguez y fue condenado a tres años de prisión suspendidos.
En 2024, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso la asistencia de la Defensoría en el juicio contra exdirectores del CUSEP, Cestur, y otros acusados. Entre las entidades involucradas estuvieron Único Real State, acusada de recibir más de 122 millones de pesos, y RG&S Soluciones Financieras, imputada por recibir transferencias bancarias por más de 25 millones de pesos entre 2014 y 2021.
También se incluyeron a la Asociación Campesina Madre Tierra y el Ministerio Jesús Vive y Vuelve, acusados de ser instrumentos usados por el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez. La organización religiosa se le acusa de recibir más de 22 millones de pesos, presuntamente de la estructura condenada en junio pasado por corrupción, lavado de activos y desfalco contra el Estado.
Para esas cinco entidades se dispuso la asistencia estatal, con una advertencia de imponer hasta 5 mil pesos de astreinte por cada día de incumplimiento. Sin embargo, tres años después, no se ha cumplido con esas órdenes, y los procesos permanecen en el limbo.
El director de la Defensoría, Rodolfo Valentín, emitió un comunicado prohibiendo la asistencia de defensores a personas jurídicas. El Ministerio Público presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esa ordenanza, que fue acogida por el Primer Colegiado.
Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, considera que es absurdo que el Estado asuma la defensa de empresas. Carlos Salcedo, jurista, explicó que la defensa gratuita es necesaria para quienes no tienen recursos, pero no para entidades con patrimonio.
Hirohito Reyes, exjuez supremo, señaló que la Defensoría no tiene los recursos ni el personal para asumir procesos de grandes envergaduras. Valentín, quien recurrió ante la Corte de Apelación y la Suprema Corte de Justicia, fue declarado inadmisible y anunció que apoderaría al Tribunal Constitucional.
Los jueces continúan emitiendo resoluciones en ese sentido; la más reciente fue en agosto pasado en el caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), relativo a un presunto entramado para defraudar al Estado en el proyecto de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
