Viernes, 30 de octubre de 2026
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Diez años sin inspección técnica y proyecto aún en pausa

La República Dominicana sigue sin implementar un sistema de inspección vehicular integral, diez años después de su suspensión.

Vehículo estacionado en una vía pública, sin indicación de inspección técnica.
Vehículo estacionado en una vía pública, sin indicación de inspección técnica.

La suspensión de la inspección vehicular dejó pendiente un mecanismo de control de las condiciones mecánicas de los automóviles. Con más de 6.6 millones de vehículos registrados al cierre de 2025, todavía falta determinar cuánto podría recaudar el Estado con la implementación del sistema.

A diez años de la suspensión de la revista vehicular, la República Dominicana continúa sin implementar de manera integral un sistema de inspección técnica periódica que permita comprobar las condiciones mecánicas de los vehículos que circulan por las vías públicas.

En julio de 2016, se estimó que el Gobierno dejaría de percibir RD$40 millones por la suspensión de la revista, según declaraciones ofrecidas en ese momento por Luis Estrella, entonces director de Tránsito Terrestre.

El exfuncionario explicó que la paralización estaba relacionada con la necesidad de adecuar el mecanismo al nuevo marco legal de tránsito y establecer un sistema de inspección mediante talleres autorizados.

Sin embargo, la interrupción del mecanismo anterior no estuvo seguida de una implementación inmediata del nuevo modelo. Por el contrario, los intentos posteriores de establecer un sistema nacional de inspección técnica atravesaron distintos procesos administrativos.

Uno de los primeros antecedentes documentados se encuentra en 2019, cuando el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) convocó la licitación pública internacional INTRANT-CCC-LPI-2019-0001 para la implementación, equipamiento y operación del sistema de inspección técnica vehicular.

El procedimiento terminó declarado desierto, según consta en el expediente publicado por la institución.

Este resultado constituye un antecedente importante en la historia del proyecto, aunque el expediente debe consultarse para determinar las razones específicas que llevaron a esa declaratoria.

Posteriormente, la iniciativa pasó a ser evaluada bajo un esquema de participación público-privada. En febrero de 2022, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) aclaró que la declaración de interés público del proyecto no significaba que estuviera aprobado para ejecutarse ni que hubiera sido adjudicado.

Además, en su memoria institucional correspondiente a 2025, la DGAPP informó sobre la continuidad de los trabajos de estructuración, entre ellos la elaboración de un primer borrador del pliego de condiciones y del contrato de alianza público-privada, documentos que todavía estaban sujetos a revisión y ajustes.

Estos antecedentes muestran que el proyecto ha atravesado diferentes etapas de preparación, pero no permiten afirmar que el servicio haya sido adjudicado o que exista una fecha definitiva para su puesta en funcionamiento.

La revista vehicular tiene como finalidad comprobar que los vehículos reúnan las condiciones técnicas y mecánicas necesarias para circular de manera segura.

Mediante una inspección se pueden revisar componentes como los frenos, las luces, los neumáticos, la dirección y otros elementos cuyo funcionamiento incide en la seguridad vial.

En República Dominicana, la Ley 63-17 contempla la inspección técnica de los vehículos, mientras que el Decreto 5-19 establece el Reglamento de Inspección Técnica Vehicular y desarrolla las disposiciones para organizar este procedimiento.

Por tanto, la revisión técnica no debe confundirse con el pago del impuesto de circulación. Se trata de mecanismos con funciones diferentes: uno verifica las condiciones del vehículo y el otro corresponde a una obligación tributaria.

En enero de 2021, la DGAPP publicó un informe de evaluación del Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular que examinó la viabilidad económica de desarrollar el servicio mediante participación público-privada.

El estudio contemplaba tarifas de RD$1,633.81 para una primera inspección y RD$816.90 para una segunda revisión.

Asimismo, el modelo financiero proyectaba ingresos anuales promedio para el Estado de aproximadamente US$3.03 millones en uno de los lotes y US$2.03 millones en el otro.

No obstante, estas cifras corresponden a estimaciones de un estudio de prefactibilidad y no a tarifas definitivas ni a ingresos que el Gobierno haya recibido. Su aplicación dependería de las condiciones finales del proyecto y de su eventual ejecución.

En cuanto a los recursos que el Estado habría dejado de percibir desde la suspensión de 2016, la estimación de RD$40 millones divulgada en aquel momento constituye un antecedente histórico, pero no permite calcular las pérdidas acumuladas durante los diez años posteriores.

Para establecer ese monto sería necesario contar con datos sobre las tarifas que se habrían aplicado, la cantidad de vehículos sujetos a inspección, los niveles de cumplimiento y la participación del Estado en los ingresos.

Más de 6.6 millones de vehículos registrados

La dimensión del parque vehicular también permite entender el alcance que tendría la implementación de un sistema nacional de inspección.

De acuerdo con el informe Parque Vehicular 2025 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el país cerró ese año con 6,640,871 vehículos registrados.

De ese total, 3,846,694 correspondían a motocicletas, equivalentes al 57.9 % del parque vehicular.

Sin embargo, estas cifras no determinan por sí solas cuántos vehículos tendrían que someterse anualmente a inspección, pues esa cantidad dependerá de los requisitos, las categorías y la periodicidad establecidos para el sistema.

Mientras la inspección técnica sigue pendiente de implementación integral, el Gobierno mantiene el cobro del Impuesto de Circulación Vehicular, conocido como marbete.

Para la temporada 2026-2027, la DGII anunció una actualización de las tarifas: RD$2,000 para los vehículos fabricados hasta 2021 inclusive y RD$4,000 para los fabricados desde 2022 en adelante.

Los nuevos montos fueron establecidos mediante la Resolución Administrativa núm. DDG-AR1-2026-00009, del 29 de octubre de 2026, luego de diez años sin modificaciones en las tarifas.

La institución explicó que la inflación acumulada entre septiembre de 2016 y septiembre de 2026 alcanzó el 58.1 %. Sin embargo, el ajuste aplicado fue de RD$500 para la primera categoría y RD$1,000 para la segunda, equivalente a un incremento del 33.3 % en ambos casos.

Además, la DGII proyecta que la recaudación del impuesto aumentará de aproximadamente RD$3,525 millones a RD$4,700 millones durante esta temporada, lo que representaría RD$1,175 millones adicionales.

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