Diputada propone tercera revisión a Ley Residuos

Aunque ya ha sido modificada dos veces en menos de un año, un proyecto legislativo en la Cámara de Diputados busca tocar nuevamente la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), la cual tuvo su último cambio el pasado mes de julio.

La propuesta de ley de Gabriela María Abreu, diputada de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno, busca convertir los residuos agrícolas vegetales en recursos aprovechables, a través de un programa nacional que contempla compostaje, asistencia técnica y posibles instalaciones de procesamiento.

El proyecto crea el Programa Nacional de Aprovechamiento y Valorización de Residuos Agrícolas Vegetales, promueve su reincorporación a los procesos productivos y reduce su disposición inadecuada.

La iniciativa también plantea que los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura aprueben, dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de las disposiciones establecidas en el artículo 125-quáter, un plan de implementación con un horizonte de cinco años, previa consulta a productores y gobiernos locales.

Además, consigna el apoyo a diferentes modalidades de aprovechamiento de residuos y obliga a rendir cuentas cada año al Congreso Nacional.

El Programa Nacional de Aprovechamiento y Valorización de Residuos Agrícolas Vegetales, creado en proyecto de ley, estará integrado a los instrumentos nacionales de planificación de la gestión de residuos sólidos y facilitará la prevención, separación, aprovechamiento y transformación segura de restos vegetales agrícolas no peligrosos, con atención a la conservación del suelo y al desarrollo productivo rural.

El marco de ley establece una coordinación institucional para ejecutar el programa sin crear un nuevo organismo público con personalidad jurídica ni una plantilla permanente.

Se entiende por residuos agrícolas vegetales los restos de cosecha, hojas, tallos, raíces, cáscaras y descartes vegetales provenientes del cultivo, cosecha, clasificación y acondicionamiento de productos agrícolas, cuya aptitud para aprovechamiento se determine conforme a la normativa aplicable. El proyecto precisa que los residuos peligrosos quedarán excluidos, tales como envases de plaguicidas, materiales contaminados y residuos de origen animal.

Plan ministerios; Constanza, Tireo y Jarabacoa en evaluación inicial

El plan de implementación de los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura con el horizonte de cinco años contendrá un diagnóstico de las fuentes, cantidades y características de los residuos agrícolas; metas anuales verificables, responsables, cronograma, costos estimados y fuentes de financiamiento autorizadas; criterios para seleccionar las zonas donde se desarrollarán los proyectos; capacitación y asistencia técnica para los productores; e indicadores para medir los resultados ambientales y económicos.

La propuesta legislativa pone a Constanza, Tireo y Jarabacoa como demarcaciones para una evaluación inicial de proyectos y aclara que otros lugares también podrían ser seleccionados mediante los mismos criterios. El proyecto especifica que esa evaluación no obliga a construir plantas ni concede autorizaciones automáticas.

Según el proyecto de ley, el programa podrá apoyar iniciativas de compostaje en fincas, centros comunitarios o asociativos y plantas de escala regional, conforme a las necesidades y condiciones de cada territorio. Se utilizará la escala técnicamente adecuada y se dará preferencia al uso eficiente de infraestructura existente.

Aunque la pieza de ley promueve infraestructuras para transformar residuos agrícolas, condiciona la inversión pública a que se demuestre su viabilidad.

La legislación establece que los proyectos que reciban recursos públicos deberán contar previamente con estudios de viabilidad técnica, ambiental, comercial y financiera que identifique capacidad, suministro de materiales, demanda del producto, terreno, operador, inversión, costos de mantenimiento y fuentes de ingresos.

También que deberán cumplir los requisitos sobre uso del suelo, autorizaciones ambientales y permisos correspondientes, además de incorporar medidas para controlar olores, lixiviados, incendios, vectores y contaminación de las aguas.

l Abed-nego Paulino

La Ley de Residuos Sólidos tuvo su primera modificación en diciembre de 2025 y la segunda en julio de 2026. La diputada Gabriela María Abreu sometió su proyecto de ley en la Cámara Baja el pasado 7 de octubre, siete meses después de la primera modificación de la pieza. La iniciativa aún no ha iniciado su trámite congresual.

Las dos modificaciones a la Ley de Residuos enfrentaron fuertes oposiciones de organizaciones empresariales durante su paso por el Congreso Nacional. La primera legislación fue observada por el Poder Ejecutivo luego de que los legisladores sancionaran la pieza, en medio de cuestionamientos de empresarios. Finalmente y tras una larga espera, el Congreso aprobó los cambios que envió el presidente Luis Abinader, que dejó un sabor “agridulce” en algunos sectores.

En la segunda legislación sometida al órgano congresual, diversas organizaciones empresariales cuestionaron tanto el contenido de la iniciativa como la rapidez con que fue aprobada. No obstante, el Ejecutivo promulgó la ley.

El proyecto de ahora no ordena construir de inmediato plantas de procesamiento, no garantiza préstamos a los agricultores ni crea un fondo especial para financiar el programa.