Droga, celulares y armas ingresan a cárceles por fallas en muros
Defensa Pública revela que cárceles de Puerto Plata y Najayo permiten entrada de objetos prohibidos por debilidades en infraestructura.
La Oficina Nacional de Defensa Pública identificó fallas de seguridad en los centros penitenciarios de Puerto Plata y Najayo, donde la ubicación y las características de los muros facilitan la entrada de objetos prohibidos.
El lanzamiento de paquetes desde el exterior de los recintos penitenciarios constituye una de las vías utilizadas para introducir drogas, teléfonos celulares y armas blancas a las cárceles dominicanas, según documentó la Oficina Nacional de Defensa Pública en su Informe de las condiciones de detención y de prisión.
El organismo identificó esta práctica en los centros de corrección y rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata, y Najayo, en San Cristóbal, donde las características de la infraestructura y la proximidad de vías de circulación facilitan el ingreso de objetos prohibidos.
Los paquetes utilizados para introducir estas mercancías son conocidos como “palomas”, mientras que su lanzamiento recurrente desde fuera de los establecimientos recibe el nombre de “bombardeo de palomas”. La Defensa Pública advierte que estas actividades representan riesgos para la seguridad, el control de los internos y los programas de rehabilitación.
En el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, los inspectores identificaron vulnerabilidades en los muros perimetrales que permiten introducir sustancias ilícitas mediante paquetes lanzados desde el exterior. Según el informe, la forma y altura de las paredes facilitan esta práctica, que se ha convertido en una preocupación para la seguridad del recinto.
La institución señala que estas condiciones afectan los esfuerzos de rehabilitación y permiten que personas ubicadas fuera de las instalaciones hagan llegar drogas y otros artículos prohibidos al interior. El documento no especifica la cantidad de paquetes introducidos, las sustancias ocupadas ni cuántas personas han sido detenidas por estos hechos.
Pese a esas dificultades, la Defensa Pública reconoce que el establecimiento cuenta con programas educativos básicos, secundarios, universitarios y técnicos, además de iniciativas deportivas y recreativas dirigidas a la reinserción social.
La situación aparece con mayor detalle en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal. El informe identifica el lanzamiento recurrente de objetos ilícitos desde el exterior del establecimiento, cuya ubicación junto a una vía principal (la autopista 6 de Noviembre) facilita esta modalidad de contrabando.
Entre los objetos mencionados figuran drogas, teléfonos móviles, armas blancas y otros materiales prohibidos. La Defensa Pública califica esta vulnerabilidad como crítica por sus consecuencias para la seguridad y la disciplina penitenciaria.
El documento también recoge información de las autoridades del centro sobre conflictos entre internos relacionados con grupos rivales, consumo de sustancias prohibidas y disputas vinculadas a actividades ilícitas. Según la dirección del recinto, estos incidentes son atendidos mediante los protocolos de seguridad y medidas de separación preventiva de los involucrados.
El informe identifica otro problema de seguridad en Najayo: la fabricación de armas blancas con materiales obtenidos de la propia infraestructura penitenciaria. Las autoridades del establecimiento reportaron daños en paredes y otros elementos estructurales provocados por internos que extraen varillas y cables con ese propósito.
La Defensa Pública constató deterioro en distintas áreas del centro, incluyendo filtraciones, roturas y problemas de mantenimiento. De esta manera, el organismo distingue entre los artículos prohibidos que pueden ingresar desde el exterior y los objetos peligrosos elaborados por los propios reclusos con materiales disponibles dentro de las instalaciones.
A pesar de esas deficiencias, Najayo presenta condiciones favorables en otros indicadores. Durante el levantamiento tenía 809 internos para una capacidad de 816, equivalente al 99.14 % de ocupación. Los inspectores comprobaron que las personas recluidas disponían de camas, servicios sanitarios y acceso a agua potable, sin situaciones de hacinamiento.
También destacaron la disponibilidad de atención médica, programas educativos y capacitación técnica. Ante las vulnerabilidades identificadas en Najayo, la Defensa Pública recomendó a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) fortalecer la seguridad perimetral.
Entre las medidas propuestas figuran la instalación de barreras físicas de protección, el incremento de la vigilancia en los alrededores, patrullajes preventivos y una coordinación permanente con los organismos de seguridad competentes. La institución considera necesario evitar que los objetos prohibidos lleguen a los espacios ocupados por los internos.
