EE.UU. explica su plan para reformar el TSJ en Venezuela

La intervención de un alto funcionario del Departamento de Estado ante periodistas, el 26 de octubre de 2026, ofrece el compendio más acabado de la hoja de ruta que Estados Unidos se planteó para la transición venezolana. Expone la secuencia de reformas judiciales y electorales, el papel que correspondería a Delcy Rodríguez al declarar la vacante permanente de la Presidencia y las garantías políticas y económicas que Washington considera necesarias para sostener el proceso.

El funcionario habló bajo condición de anonimato, con autorización para atribuir sus declaraciones a su cargo. Lo que sigue es una traducción al español de su intervención publicada en inglés; no es una traducción oficial estadounidense. Las afirmaciones y valoraciones corresponden al orador.

MODERADOR: Buenas tardes a todos. Gracias por participar en esta conferencia telefónica de prensa sobre Venezuela. Para comenzar, estas son las condiciones: la información de esta llamada podrá utilizarse atribuyéndola a un alto funcionario del Departamento de Estado, sin identificarlo por su nombre. Reitero: podrá atribuirse a un alto funcionario del Departamento de Estado. Dicho esto, cedo la palabra a nuestro interlocutor.

Alto funcionario del Departamento de Estado: Bien. La razón por la que voy a intervenir bajo estas condiciones de atribución es que se trata de una explicación extensa y de carácter muy técnico, que permitirá establecer las bases. Sé que algunos de ustedes viajaron para cubrir la cuarta ronda de conversaciones sobre el proceso de transición y reconciliación en Venezuela. Ese proceso no ha recibido tanta atención como otros asuntos de mayor repercusión relacionados con la economía, los acuerdos petroleros, etcétera. Pero me pareció importante levantar un poco el telón y permitirles ver exactamente cómo prevemos que se desarrolle, para beneficio de todos los involucrados.

Permítanme establecer primero el contexto. Algunos probablemente ya conocen parte de esto porque han cubierto Venezuela durante años y América Latina en general. Para otros quizá sea nuevo, así que disculpen si algo resulta repetitivo. Básicamente, como ocurre en muchos países del hemisferio occidental que siguen la tradición del derecho civil, los tribunales constituyen la institución más poderosa en muchos casos, especialmente bajo regímenes autoritarios. Estos utilizan los tribunales para declarar legal o ilegal prácticamente cualquier cosa que deseen y para decidir todo tipo de asuntos en el país.

En Venezuela, esa institución es el Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ. Desde hace mucho tiempo ha sido un instrumento del régimen y de Maduro, y eso se intensificó considerablemente en 2015. De hecho, fue el TSJ el que dictaminó que la Asamblea Nacional era ilegal. Fue el TSJ el que sentó las bases para una asamblea constituyente que la sustituyó por una nueva Asamblea Nacional. Es el TSJ el que controla todo allí. Por tanto, es la institución más poderosa. Eso es lo primero que hay que entender.

Lo segundo tiene que ver con las elecciones. En Venezuela las organiza el CNE, el Consejo Nacional Electoral. Ese consejo no es simplemente una oficina encargada de administrar las elecciones. Yo vivo en un condado de Estados Unidos donde las autoridades electorales organizan los comicios: instalan las máquinas y contabilizan los votos. En teoría, este consejo hace eso, pero también hace mucho más. Decide qué partidos pueden inscribirse y quién puede presentarse como candidato. Así fue como inhabilitaron a María Corina, por ejemplo, y a muchas otras personas. Edmundo terminó siendo una especie de candidato por descarte porque se olvidaron de excluirlo.

Con ese contexto, permítanme retroceder un poco para explicar por qué estos esfuerzos fracasaron en el pasado. Recordarán que, durante el Gobierno de Biden, se negoció extensamente con el régimen de Maduro para celebrar nuevas elecciones en 2024, y se alcanzó un acuerdo para ello. Como resultado, el Gobierno de Biden otorgó al régimen de Maduro todo tipo de concesiones, incluido el alivio de sanciones. También liberó a los sobrinos de Cilia, la esposa de Maduro, condenados por narcotráfico. Liberó a Alex Saab como parte de ese acuerdo. Todas fueron concesiones irreversibles.

Venezuela y el régimen de Maduro procedieron entonces a celebrar elecciones en 2024, pero lo hicieron con el antiguo TSJ y el antiguo CNE; en esencia, con la estructura existente. No se pueden celebrar elecciones libres y justas, aceptadas por ambas partes y por todos los sectores de un país, mientras esa estructura siga en pie. Por tanto, hay que sustituirla. Hay que desmontarla y reemplazarla por algo nuevo. No puede haber elecciones creíbles en ese país sin hacerlo.

Esos son los pasos que estamos procurando dar mediante estas conversaciones. ¿En qué punto nos encontramos? Hablemos primero del TSJ, sobre el cual se alcanzó un acuerdo esta semana.