Empresarios piden garantías en proyecto contra mercancías de trabajo forzoso

Representantes empresariales se reunieron este lunes con una comisión de la Cámara de Diputados para expresar sus puntos de vista sobre un proyecto de ley dirigido a la prevención y prohibición de mercancías importadas que sean resultado de trabajo forzoso.

La comisión permanente de industria y comercio de la cámara baja recibió a representantes de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), informó el hemiciclo en una nota.

El vicepresidente ejecutivo de AIRD, Mario Pujols Ortiz, solicitó que el proyecto de ley disponga de las garantías procesales, por lo que deben ser reforzados los criterios de notificaciones y plazos, sin dejar de lado el interés público.

Consideró que el proyecto, como está redactado para enfrentar el tema de tránsito, amerita otro tipo de herramienta ya que no se identifica que todo esté cubierto de una presunción de trabajo forzoso.

Agregó que como gremio dan seguimiento a un tema de incumplimiento fiscal o regulatorio que deriva en contrabando.

Por otra parte, la directora ejecutiva de la ONEC, Jenniffer Troncoso, calificó de importante la pieza legislativa, señalando que se trata de importadores de productos provenientes de diferentes países, por lo que abogan por un despacho rápido de mercancías.

En ese sentido, solicitó un ámbito de «equilibrio comercial» y citó que si la Dirección General de Aduanas no registra que la mercancía se ha fabricado con trabajo forzoso, que la despache en tres días hábiles.

Asimismo, pidió que la transición sea segura, que no se aplique la ley a los productos que ya están embarcados, entre otras recomendaciones.

Al finalizar la reunión, el presidente de la comisión, Charles Mariotti Paz, comunicó que sus integrantes defenderán los puntos que entiendan pertinentes. Añadió que tendrán una «retroalimentación» saludable de lo que se pueda lograr.

En uno de sus considerandos, el proyecto establece que es interés del Estado dominicano garantizar que el comercio internacional se realice bajo principios éticos y de respeto a los derechos humanos, evitando que el mercado nacional sea receptor de bienes producidos mediante la vulneración de la dignidad humana.