Falta integración real para proteger a víctimas de violencia
Una mujer sobrevive a un ataque en Los Alcarrizos, pero el agresor sigue en libertad y el sistema no le brinda la protección que necesita.
Castelin Marleny de Jesús, de 38 años, sobrevivió a un ataque brutal el pasado 14 de agosto en el municipio de Los Alcarrizos. Hoy, mientras intenta recuperarse de las heridas físicas y emocionales, permanece refugiada en una casa de acogida junto a sus dos hijas, lejos de su hogar y de la vida que antes conocía.
Su mayor deseo es volver a casa, recuperar la tranquilidad y permitir que sus niñas retomen su rutina. Sin embargo, el temor de encontrarse nuevamente con el hombre que intentó matarla la mantiene en un refugio, mientras el señalado agresor continúa en libertad.
Marleny recuerda con angustia el momento en que su expareja, Festo Mario Sandoval, un taxista de 65 años, la atacó en la vivienda donde residía. Según su relato, acababa de entrar y se dirigía al baño cuando fue sorprendida por detrás.
La tomó por los cabellos, la derribó y comenzó a golpearla en la cabeza. Después, la arrastró hasta una habitación, donde la inmovilizó sobre una cama y sacó un cúter que llevaba preparado en el bolsillo. Entonces comenzaron las estocadas. Cada herida fue una lucha por sobrevivir.
En medio del horror, Marleny no solo enfrentaba el dolor y la posibilidad de morir; también tenía que soportar la angustia de que sus propias hijas, dos niñas de apenas 8 y 9 años, presenciaran la violencia contra su madre. La pesadilla no terminó cuando recibió atención por sus seis heridas profundas en el rostro que requirieron aproximadamente 150 puntos de sutura.
Según denuncia, al día siguiente, su agresor la llamó por teléfono, preguntándole por las niñas como si nada hubiera ocurrido. “Aló, dime a ve’… ¿y tú? Ponme a las niñas”, le dijo, como si nada hubiera pasado.
Marleny afirma que durante los 22 años que permanecieron casados, su expareja mostró comportamientos de celos y control. Según cuenta, la seguía hasta su lugar de trabajo y revisaba constantemente su teléfono celular. A pesar de esas señales, asegura que nunca imaginó que la situación llegaría al extremo de un ataque que pusiera su vida en peligro.
Actualmente, Marleny se encuentra en una casa de acogida junto a sus hijas. Allí busca protección, pero también carga con la tristeza de haber perdido, al menos temporalmente, la libertad de regresar a su propia casa. Este 14 de octubre se van cumplir dos meses de la tragedia, sin embargo, sus familiares expresan que ella quiere volver a su casa debido a que nota que su caso no avanza y que las autoridades no han sido capaces de capturarlo.
La historia de Marleny resume el desafío que todavía enfrenta el sistema de protección de las víctimas de violencia de género en República Dominicana. Aunque falta mucho por hacer para lograr una verdadera coordinación integral en la protección de las víctimas de violencia de género, intrafamiliar o sexual, en los últimos años el Estado dominicano ha implementado una serie de políticas públicas y programas dirigidos a enfrentar este flagelo que continúa afectando a miles de mujeres.
El principal desafío, sin embargo, sigue siendo lograr una integración efectiva entre todos los actores que intervienen en la atención de las víctimas, desde las instituciones responsables de recibir las denuncias hasta aquellas encargadas de brindar protección, asistencia psicológica, apoyo social y seguimiento a los casos.
La Procuraduría General de la República, el Servicio Nacional de Salud, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación, entre otras entidades, cuentan con unidades o programas vinculados a la equidad y la violencia de género, pero esa estructura institucional no siempre se traduce en una respuesta coordinada para las víctimas.
Varios expertos coinciden en que por ahora cada quien trabaja de su cuenta y “esa articulación no existe”. Una mujer que abandona su hogar puede necesitar un lugar seguro donde vivir, atención psicológica, asistencia legal, protección policial, continuidad educativa para sus hijos y apoyo para recuperar su estabilidad económica. Si esas respuestas no están conectadas, la víctima puede quedar nuevamente expuesta al riesgo.
