Jueves, 29 de octubre de 2026
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Fiscal surcoreana pide muerte por declaración de ley marcial

Fiscal especial solicita pena capital para Yoon Suk Yeol, acusado de haber declarado ilegalmente la ley marcial en 2024.

Fiscal especial Cho Eun-suk durante una audiencia judicial en Seúl.
Fiscal especial Cho Eun-suk durante una audiencia judicial en Seúl.

Un fiscal especial de Corea del Sur solicitó este jueves la pena de muerte para el expresidente destituido Yoon Suk Yeol, al considerar que debe responder con la máxima condena por haber declarado la ley marcial en diciembre de 2024. La petición se produjo durante una audiencia de apelación contra la sentencia de cadena perpetua impuesta al exmandatario por el delito de rebelión.

El Tribunal Superior de Seúl aún no ha fijado la fecha en que emitirá su veredicto sobre el recurso presentado por Yoon, quien fue condenado en febrero por el Tribunal del Distrito Central de Seúl. En su decisión, los jueces determinaron que el exmandatario movilizó ilegalmente a militares y policías para tomar el control de la Asamblea Nacional, detener a opositores políticos e intentar establecer un gobierno sin controles durante un período prolongado.

Los investigadores, encabezados por la fiscal especial Cho Eun-suk, también apelaron la sentencia al considerar que la cadena perpetua resulta insuficiente ante la gravedad de los hechos. Durante la audiencia, el equipo de la fiscal sostuvo que únicamente la pena capital permitiría exigir plena responsabilidad por un delito que, según su argumento, puso en peligro la democracia surcoreana.

Los fiscales añadieron que la moratoria de facto sobre las ejecuciones vigente en Corea del Sur no debería impedir que los tribunales impongan la pena de muerte cuando la gravedad del delito lo justifique. No obstante, una eventual ejecución sería poco probable, debido a que el país asiático no lleva a cabo ninguna desde 1997.

Por su parte, la defensa de Yoon rechazó los argumentos de la Fiscalía y calificó la petición de pena de muerte como una postura carente de pruebas y de fundamento jurídico. Los abogados insistieron en que la declaración de la ley marcial pretendía alertar a la población sobre lo que el exmandatario consideraba intentos de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, de paralizar la gestión del Estado.

La defensa también sostuvo que Yoon no tenía intención de causar daños ni de instaurar un régimen autoritario.

La ley marcial que provocó su destitución

Yoon anunció la ley marcial durante la noche del 3 de diciembre de 2024, en una decisión que desencadenó una crisis política en Corea del Sur. La medida permaneció vigente durante unas horas, hasta que un grupo de legisladores logró superar el bloqueo de soldados fuertemente armados y policías en la Asamblea Nacional y votó para revocarla, lo que obligó al Gobierno a levantarla.

El entonces presidente fue suspendido de sus funciones el 14 de diciembre de 2024, después de que la Asamblea Nacional aprobara su destitución política. En abril de 2025, el Tribunal Constitucional confirmó su salida definitiva del cargo.

Posteriormente, Yoon fue detenido nuevamente en julio de 2025 y enfrentó varios procesos penales relacionados con la declaración de la ley marcial y otras acusaciones. El cargo de rebelión es el que contempla las sanciones más severas.

Enfrenta otra condena de 30 años de prisión

Además de recurrir la sentencia de cadena perpetua por rebelión, Yoon apeló una condena de 30 años de prisión en un caso relacionado con presuntas órdenes para realizar vuelos de drones sobre Corea del Norte en 2024.

Según la acusación, esas operaciones buscaban aumentar deliberadamente las tensiones entre ambos países y generar un pretexto para declarar la ley marcial.

Los abogados del exmandatario rechazaron esa interpretación y argumentaron que los vuelos de drones fueron una respuesta al envío de miles de globos cargados de basura desde Corea del Norte hacia territorio surcoreano.

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