Fiscalía peruana archiva investigación por esterilizaciones forzosas a miles de mujeres

La Fiscalía de Perú archivó la investigación por las esterilizaciones forzosas practicadas a miles de mujeres, en su mayoría indígenas y campesinas, durante el gobierno del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). La decisión se ampara en una ley aprobada en 2024 que impide calificar como crímenes de lesa humanidad o de guerra los hechos anteriores a julio de 2002.

Según una resolución del Ministerio Público, fechada el 22 de octubre y conocida por la agencia AFP, la acción penal quedó extinguida por prescripción, al considerar aplicables las normas sobre prescripción establecidas en la legislación penal vigente.

La decisión ha generado el rechazo de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que califican la legislación de «ley de impunidad» y exigen que se revise el archivo del caso.

La investigación incluía las denuncias de 4,172 mujeres que alegaron haber sufrido lesiones graves tras someterse a procedimientos de esterilización, así como los casos de otras cinco que murieron. Las intervenciones se realizaron en el marco de una campaña de planificación familiar impulsada durante el gobierno de Fujimori, quien siempre negó las acusaciones.

Rocío Silva-Santisteban, directora de la organización feminista Demus, expresó su indignación por la decisión y anunció que presentarán una queja ante un fiscal superior para solicitar una revisión del archivo.

«Nosotras estamos totalmente indignadas de esta resolución», declaró a la AFP.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también exigió a la Fiscalía revisar su decisión conforme a los estándares internacionales en la materia.

«Es indignante que después de casi tres décadas de búsqueda de justicia, miles de mujeres, principalmente indígenas, rurales y en situación de pobreza, enfrenten una nueva vulneración de sus derechos», señaló la organización en un comunicado.

El archivo de la investigación beneficiará a 52 personas investigadas, entre ellas tres exministros de Salud de la administración de Fujimori.

El caso ha sido objeto de cuestionamientos por parte de organismos internacionales. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas consideró que las esterilizaciones podrían constituir un delito de lesa humanidad.

Asimismo, en marzo de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de una víctima que murió en 1997 después de ser sometida a una esterilización sin su consentimiento. En su sentencia, el tribunal declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano.

Fujimori, condenado por graves violaciones de los derechos humanos, murió en septiembre de 2024, después de haber recibido un indulto humanitario.

La ley de 2024 en la que se sustenta la decisión fiscal también ha sido cuestionada por sus implicaciones en otros procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno peruano, que enfrentó a las fuerzas del Estado con grupos de izquierda radical durante las décadas de 1980 y 1990.