Gobierno haitiano evalúa seguridad electoral tras aplazamiento de elecciones

El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé reunió este martes a las principales autoridades electorales, policiales y militares del país para evaluar las condiciones de seguridad necesarias para celebrar las elecciones generales, cuyo calendario ha sufrido nuevos aplazamientos debido a la crisis de violencia que atraviesa la nación caribeña.

El encuentro, encabezado por el primer ministro, se produjo después de que el Consejo Electoral Provisional (CEP) anunciara la postergación de varias etapas del proceso electoral, incluida la campaña prevista para comenzar el 5 de octubre, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre la posibilidad de celebrar los comicios presidenciales y legislativos inicialmente programados para el 13 de diciembre de 2026.

Según un comunicado difundido a través de la cuenta oficial en X de la Presidencia de Haití, la reunión permitió examinar la situación de seguridad nacional y evaluar las medidas necesarias para establecer las condiciones que permitan organizar las próximas elecciones.

En el encuentro participaron representantes del CEP, el ministro de Defensa, el director general de la Policía Nacional de Haití (PNH), el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas haitianas (FAd'H) y el responsable de la Fuerza de Represión de las Pandillas (FRG), de acuerdo con la comunicación oficial fechada en Puerto Príncipe el 13 de octubre.

La presencia de los principales responsables de seguridad refleja la importancia que el Ejecutivo atribuye al control territorial y a la capacidad de las instituciones para garantizar el desarrollo de las actividades electorales en un país donde las bandas armadas mantienen una fuerte presencia en Puerto Príncipe y otras localidades.

La Presidencia explicó que la evaluación permitirá al CEP disponer de información confiable y de una visión más precisa de las condiciones de seguridad existentes, elementos necesarios para determinar las posibilidades de avanzar con la organización de los comicios.

El Gobierno también reafirmó su compromiso de trabajar con las instituciones involucradas para establecer un entorno que permita celebrar elecciones creíbles, inclusivas y democráticas. Sin embargo, el comunicado no anunció una nueva fecha para las votaciones ni precisó un calendario para ejecutar las medidas de seguridad examinadas durante la reunión.

El aplazamiento fue anunciado oficialmente el 6 de octubre, cuando el CEP comunicó que la campaña electoral quedaba suspendida y prometió publicar un calendario revisado en el menor plazo posible. Como informó Diario Libre, la decisión dejó en suspenso el desarrollo del proceso, aunque no constituyó por sí misma una cancelación formal de las votaciones del 13 de diciembre.

La situación representa un nuevo obstáculo para un país que no celebra elecciones generales desde 2016, cuando resultó elegido Jovenel Moïse, asesinado el 7 de julio de 2021. Desde entonces, Haití ha atravesado una prolongada crisis institucional, agravada por la expansión de las organizaciones criminales y la ausencia de autoridades nacionales elegidas mediante sufragio popular.

El calendario presentado por el CEP había establecido inicialmente el 30 de agosto de 2026 para la primera vuelta presidencial y legislativa, fecha posteriormente trasladada al 13 de diciembre. Una eventual segunda vuelta y las elecciones territoriales estaban previstas para el 21 de febrero de 2027, pero el incumplimiento de las primeras etapas ha introducido nuevas dudas sobre esos plazos.

Las dificultades no se limitan a la violencia. El organismo electoral también enfrenta problemas relacionados con el registro de votantes, la disponibilidad de documentos de identidad, los recursos financieros y las condiciones necesarias para que los candidatos puedan realizar actividades políticas en todo el territorio nacional.

De acuerdo con informaciones publicadas por Diario Libre el 22 de septiembre, el CEP había reportado 1,285 centros de inscripción y votación operativos, así como 2,853 agentes del Registro Electoral y 4,643 agentes de seguridad electoral reclutados y formados. Sin embargo, estos avances administrativos contrastaban con las dificultades para garantizar el acceso de los ciudadanos a los centros de votación, particularmente en las zonas afectadas por la violencia.

En el departamento del Oeste, donde se encuentra Puerto Príncipe, el organismo contabilizaba 148 centros operativos, mientras que otras regiones registraban una mayor cobertura de sus instalaciones electorales. Esta desigualdad constituye uno de los principales desafíos para asegurar una participación ciudadana amplia y condiciones equivalentes de votación.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha insistido en que la recuperación de la seguridad y la celebración de elecciones constituyen prioridades estrechamente vinculadas. Su secretario general, Albert Ramdin, advirtió en septiembre que las bandas armadas controlaban entre el 80 % y el 90 % de Puerto Príncipe, mientras aproximadamente 1.47 millones de personas permanecían desplazadas por la violencia, según recogió Diario Libre.

El organismo regional también había identificado un déficit aproximado de un millón de tarjetas de identificación necesarias para el proceso electoral. Como parte de los esfuerzos para reducirlo, la OEA y Japón acordaron una cooperación de tres millones de dólares destinada a financiar 350,000 tarjetas biométricas y ampliar los servicios móviles de registro.

A estas limitaciones se suman las dificultades para garantizar que los partidos políticos puedan desarrollar sus campañas y que los electores se desplacen sin amenazas. La inseguridad afecta, además, la capacidad de las autoridades para distribuir materiales, instalar centros de votación y movilizar al personal encargado de organizar los comicios.