Hombre acusado de ocultar US$400 mil en efectivo al ingresar al país
Un hombre fue condenado a tres meses de prisión por intentar ingresar al país con 400 mil dólares no declarados.
Daniel Esteban Davis García deberá cumplir tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en la provincia San Cristóbal. La medida fue impuesta por la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este.
El imputado fue arrestado el pasado 14 de octubre al arribar al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) con cerca de 400 mil dólares no declarados. Según la solicitud de medida de coerción, se le ocuparon en total 399,777 dólares americanos y 3,100 pesos dominicanos.
El arresto ocurrió alrededor de las 1:55 de la tarde, cuando el hombre llegó al país en un vuelo procedente de la isla de Tortola. Durante el control aduanero, un oficial de la Dirección General de Aduanas (DGA) le pidió que colocara su equipaje para verificación en la máquina de rayos X, a lo cual presentó objeción.
Ante la sospecha de que podía ocultar algún objeto ilícito en su ropa o equipaje, se le ordenó que mostrara lo que llevaba oculto. Durante el registro, se incautó una maleta y una mochila donde se encontró el dinero no declarado.
Además del dinero, se le incautó una tableta, un Nintendo con su control y un celular que llevaba en sus manos. El Ministerio Público destaca que el imputado mantuvo una actitud negativa y evasiva al momento de solicitarle la verificación de su equipaje.
La autoridad aduanera le leyó sus derechos constitucionales y dispuso su arresto por infracción flagrante. La Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio Público, dirigida por la procuradora general de corte de apelación Aracelis Peralta, está a cargo de la investigación.
El caso es investigado por el procurador general de corte de apelación Taipey Joa Saad y la procuradora fiscal Angie Castro, junto con el fiscalizador de Santo Domingo Este (SDE) Welinston Gómez. Castro también representa al Ministerio Público en la litigación junto a la fiscal Flor Jiménez.
La jueza Karen Casado, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, impuso la medida de coerción tras evaluar las pruebas presentadas. El Ministerio Público señaló que el acto ilícito está vinculado al lavado de activos y al contrabando de divisas, en violación a varios artículos de la Ley 155-17 y la Ley 168-21 de Aduanas.
