Juez no participó en incidentes reservados en juicio de Jean Alaín Rodríguez
El juicio de fondo contra el exprocurador Jean Alaín Rodríguez enfrenta nuevos obstáculos por la no participación de una juez en incidentes reservados.
El juicio de fondo contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros imputados continuó este lunes con nuevos escollos en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. La controversia surge por la no participación de una juez en el conocimiento de varios incidentes que el tribunal se reservó para fallarlos con el fondo.
Las defensas de los imputados observaron al tribunal sobre el cambio de composición de la corte por la integración de la magistrada Jarolyn Elizabeth Rosario López. Señalaron que no se trata de una objeción, sino más bien de una observación, ya que la magistrada no estuvo presente en la presentación oral de los incidentes reservados.
Los abogados destacaron que la magistrada puede permanecer en la audiencia del lunes, pero solo si se le leen los incidentes acumulados para que tome conocimiento. Advirtieron que, de no ser así, estaría fallando como los jueces civiles basándose únicamente en papeles.
Entre los abogados que hicieron la observación se encuentra Manuel Sierra, quien junto a Ibo René Sánchez representa al imputado Alfredo Alexander Solano Augusto. El Ministerio Público acusa a los imputados del robo de más de 6 mil millones de pesos del Estado Dominicano.
El órgano de justicia sostuvo que las líneas de imputación documentan una estructura criminal organizada que se destinó a la depredación sistemática del patrimonio público, el lavado de activos y la instrumentalización de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la gestión de Rodríguez.
Resaltó que el expediente contra el exfuncionario se consolida como uno de los casos con mayor cantidad de líneas de investigación en la historia del país, derivado de la multiplicidad y extrema gravedad de las acciones delictivas detectadas y documentadas por el Ministerio Público.
Recordó que en este expediente se imputa la sustracción y desfalco de más de 6,000 millones de pesos al Estado dominicano, con una afectación directa al patrimonio público y todo el sistema.



