Jueza aplaza audiencia y da plazo hasta 16 de noviembre a víctimas para querellarse
La jueza Denia Beras de Mota aplazó la audiencia preliminar y fijó fecha límite para que víctimas se querellen en caso de fraude inmobiliario.
SANTO DOMINGO.- La jueza Denia Beras de Mota, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, aplazó para el 20 de noviembre el inicio de lectura de la acusación en la audiencia preliminar que se le sigue a los imputados por fraude inmobiliario y lavado de activos cuya red fue desmantelada mediante la Operación Guepardo. La magistrada fijó el 16 de noviembre de 2026 como fecha límite para la recepción de nuevas querellas.
Los procesados en el caso son Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita, así como a las sociedades comerciales Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24, SRL, señaladas como instrumentos utilizados para canalizar los fondos obtenidos de manera ilícita.
Durante la audiencia, la magistrada Beras de Mota dispuso que las víctimas que resultaron afectadas por los hechos investigados puedan ejercer su derecho a constituirse en querellantes y actores civiles. La medida procura asegurar la participación de todos los afectados sin vulnerar sus derechos procesales.
En ese sentido, expresó que las víctimas que hasta la fecha no se han querellado, y tengan el interés de hacerlo, pueden ejercer sus derechos conforme a la ley, con fines de organización procesal y para facilitar la notificación de las nuevas querellas antes de la continuación de la audiencia preliminar.
Asimismo, aplazó la audiencia con el propósito de garantizar la notificación de nuevas querellas presentadas con posterioridad al depósito de la acusación formulada por el Ministerio Público.
Por su vinculación al caso, se encuentran detenidas en Colombia, Loany Lismeiry Ortiz Nova y Keylis Belfon Arismendi, quienes escaparon hacia esa nación suramericana, para evadir su responsabilidad penal. El Ministerio Público dominicano está a la espera de la respuesta oficial de Colombia, en cuanto a la extradición.
En representación del Ministerio Público compareció un equipo de litigación integrado por los fiscales Claudio Cordero y Pedro Medina Quezada, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con Mayerling Rondón, en representación de la Fiscalía de La Romana.
El proceso judicial surge a partir de la investigación desarrollada el pasado año 2025, en el marco de la Operación Guepardo. El Ministerio Público presentó una acusación sustentada en más de 1,660 elementos de prueba, contra una presunta estructura criminal dedicada al fraude inmobiliario, la estafa electrónica y el lavado de activos, acusada de afectar a más de 426 víctimas, tanto nacionales como extranjeras.
