Justicia retira control a operadora de relleno en Boca Chica

La Corte de Apelación del Distrito Nacional mantuvo la medida judicial que retiró el control administrativo de Key West Corporation, empresa operadora del relleno sanitario en el batey La Tumba de Boca Chica. La decisión fue tomada tras la revisión del recurso presentado por los socios dominicanos César Morales y Alejandro Pérez.

La medida de administración judicial fue adoptada inicialmente por la magistrada Rosa Evelyn Fermín Díaz, mediante la ordenanza núm. 504-2026-SORD-0887, del 15 de abril de 2026, que dispuso sustituir la administración encabezada por Francisco Javier Lacoma Fernández, gerente de nacionalidad española, vinculado a Naturgreenkapital RD, S.R.L., con el grupo empresarial Griñó.

La nueva administración judicial fue designada directamente por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación, mediante la sentencia núm. 02602-2026-SCIV-00530, del 28 de septiembre de 2026, y corresponde al licenciado Felipe de Jesús Montero de los Santos, integrante de la terna presentada por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD).

El proceso judicial se originó tras las acciones interpuestas por los empresarios César Morales y Alejandro Pérez, quienes denunciaron presuntas irregularidades administrativas, restricciones a la fiscalización y un manejo cuestionado de los recursos económicos de la empresa. Entre las denuncias figura la presunta distracción millonaria de fondos en perjuicio de los socios dominicanos, así como la alegada oposición de la administración anterior a una auditoría independiente.

Estos señalamientos permanecen pendientes de verificación mediante los procedimientos correspondientes. Pese a diversos incidentes presentados por la parte demandada, el magistrado José Reynaldo Ferreira Jimeno juramentó al licenciado Felipe Montero y quedó designado como administrador judicial de Key West Corporation, en sustitución de la gerencia anterior.

Entre sus responsabilidades figuran realizar un inventario de la situación financiera y patrimonial, preservar los activos, garantizar la continuidad operativa y rendir informes periódicos al tribunal. La nueva administración tendrá, además, ante sí la solicitud de una auditoría independiente destinada a esclarecer el manejo de los recursos de la compañía durante los últimos tres años.

La administración judicial se mantendrá hasta que los tribunales conozcan y decidan la demanda de rescisión contractual y reparación de daños y perjuicios, conforme a las condiciones establecidas en la ordenanza original. La intervención de la Justicia abre una nueva etapa para Key West Corporation, orientada a preservar la continuidad de un servicio ambiental de interés público y fortalecer la transparencia y supervisión de sus operaciones, conforme a las leyes de la República Dominicana.