Justiniano Montero, acusado de liderar reforma judicial en Suprema Corte

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) eligió este lunes a Justiniano Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia. La evaluación del magistrado duró más de 45 minutos, durante los cuales respondió preguntas de la mayoría de los evaluadores.

En sus 25 minutos de exposición, Montero repasó su trayectoria profesional. Nació en El Cercado, San Juan de la Maguana, y se graduó de abogado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Uasd) en 1990. Llegó a la administración de justicia con 28 años, siete de ellos en la Suprema Corte.

Montero destacó su labor como juez de paz desde 1998, considerado el primer peldaño de su carrera judicial. Durante su trayectoria, sumó cinco maestrías y ejerció docencia en universidades dominicanas y españolas.

En cifras, detalló que como juez de la Primera Sala, ha emitido 27,482 decisiones desde abril de 2019, de las cuales fue ponente en 7,108, el 26% del total. Firmó además 50 votos particulares, dos de los cuales destacó como relevantes.

El primero sostiene que el Estado dominicano no puede ser declarado en defecto, porque el Ministerio Público debe asumir su defensa. El otro aborda el artículo 815 y la imprescriptibilidad de las acciones sobre inmuebles registrados. Según dijo, el Tribunal Constitucional acaba de asumirla como válida y vinculante.

Montero explicó que, siendo ya presidente de la sala desde enero de 2026, montó una agenda para casos considerados “sensibles”, como referimiento, embargo inmobiliario, arbitraje, familia y partición. En arbitraje, señaló que los fallos pasaron de 162 a 28 días.

En las demandas en suspensión, que le corresponden al presidente de la sala, pasaron de 60 a 11 días. Dijo estar “sediento de que lleguen para resolverlas” y pidió al pleno de la sala una medida para que ninguna decisión quede suspendida sin límite de tiempo, lo cual fue acogido por los demás jueces.

Habló también de una herramienta que corrige un “viejo cuello de botella”, que consistía en que antes de obtener una sentencia ya firmada podía tardar mes y medio o dos meses. Ahora, cuando el presidente firma el rol de audiencia de sentencias leídas, el documento llega de forma automática al correo de los abogados.

Montero mencionó su paso por la Dirección de Carrera Judicial, donde fue llamado en 2014 porque tres directores designados habían renunciado, colocándola como “la mejor escuela” en competencias gerenciales. Su hoja institucional incluye un manual de buenas prácticas para juzgados de paz (1999), que la cooperación española extendió a Costa Rica, El Salvador y Guatemala.

También mencionó el Sistema de Integridad Institucional de 2009, cuya actualización coordinó en 2021. Dirige la cátedra de ética de la Escuela Nacional de la Judicatura, copreside un programa de justicia digital del Banco Mundial y representa al Poder Judicial ante la OCDE.

Fue diez años miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, de la que se retiró por voluntad propia. Publicó en 2025 un manual de ética judicial. Describió su trabajo como “un sacerdocio de entrega, de sacrificio” y dejó la decisión en manos del Consejo: “soy un ciudadano respetuoso de las decisiones de los órganos”.