Madres acusan al Estado de violencia policial y piden políticas para jóvenes

Santo Domingo.- Un grupo de madres que protestaron frente a la explanada de la Procuraduría General de la República (PGR) acusó al Estado de violencia policial y pidió la implementación de políticas públicas reales que garanticen empleos y oportunidades de estudio para los jóvenes.

Las manifestantes exigieron el respeto a los derechos humanos, el cese de las muertes de jóvenes a manos de agentes policiales y una justicia igualitaria para toda la ciudadanía. Durante la protesta, denunciaron presuntas ejecuciones extrajudiciales de jóvenes por parte de agentes policiales y reclamaron igualdad ante la ley, así como respeto al debido proceso, sin distinción de clase social.

Asimismo, insistieron en la necesidad de implementar polít de inclusión social y generación de empleo, en lugar de priorizar la represión y los subsidios asistenciales. Durante la movilización, las denunciantes afirmaron que el Estado ha sido incapaz de asumir plenamente su responsabilidad de proteger la vida de la población.

La señora Benita Cordero sostuvo que el Poder Ejecutivo ha pretendido justificar las muertes de jóvenes mediante un discurso que, según indicó, evoca métodos represivos del pasado que marcaron profundamente la vida nacional. De acuerdo con las manifestantes, en el país se percibe un clima de temor social que afecta la tranquilidad de las familias.

Esta situación, afirmaron, se agrava cuando desde sectores oficiales se emiten discursos que contribuyen a normalizar la violencia. “Defender la vida y los derechos humanos es defender la dignidad de todo el pueblo. Basta de violencia e impunidad”, manifestaron las madres tras recalcar el cese de asesinar a jóvenes.

Reclaman justicia igualitaria y respeto al debido proceso. Por su parte, Luceneida Mejía manifestó que el Estado debe garantizar la vida y los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica o de los hechos que se les imputen. “Yo tengo oportunidades de trabajo y el Estado está para mirar todo eso. No es posible que se siga asesinando personas, vengan de donde vengan. La justicia tiene que ser igualitaria para todos y todas”, expresó Mejía.

Asimismo, cuestionó las diferencias en las garantías procesales según el perfil de las personas sometidas a la justicia. “Si a un corrupto lo pueden ir a buscar a su casa y garantizarle la vida, a un corrupto de otra manera también tienen que garantizarle la vida. No es posible que solo se garantice la vida en este país de quien puede. Hay que garantizar la vida de todos y todas las dominicanas”, manifestó.

Mejía aclaró que exigir el respeto a las garantías constitucionales no significa eximir de responsabilidad a las personas imputadas, sino asegurar el cumplimiento de las normas vigentes. “Con esto no decimos que nadie es inocente. Demandamos el cumplimiento del debido proceso para todos y todas las dominicanas”, puntualizó.

En esa misma línea, Cordero pidió que las garantías legales se apliquen tanto a las personas procesadas por delitos financieros o de cuello blanco como a quienes cometen faltas menores. “Si tenemos una policía que sabe dónde están para salir a matarlos, también sabe dónde están para salir a apresarlos”, afirmó al cuestionar los operativos policiales.

Exigen políticas públicas, empleos y oportunidades para la juventud. Las manifestantes enfatizaron que la delincuencia no se combate con acciones represivas, sino mediante políticas estatales responsables que atiendan las causas sociales y económicas del problema. En ese sentido, reclamaron acceso a empleos dignos e iniciativas de inserción laboral para los jóvenes que concluyen el bachillerato, con el objetivo de ampliar sus oportunidades de desarrollo personal y económico.

“La delincuencia no se termina matando a nadie a tiros. Se termina cuando el Estado empieza a ser responsable con lo que le corresponde. Y al Estado le corresponde la política pública para que los jóvenes no delincan”, expresaron. Asimismo, criticaron las ayudas económicas y sociales del Gobierno, al considerar que estas no sustituyen la creación de empleos productivos ni promueven la autonomía económica de las familias.

“El Gobierno cree que dándole mil pesos a una madre de familia cada 30 días le está aportando. No le está aportando, la está acostumbrando a que extienda la mano, a que no exija, a que no se movilice y a que no luche, porque la está acostumbrando a la dádiva”, sostuvieron. Mejía también cuestionó los modelos de seguridad ciudadana que, a su juicio, priorizan el uso de la fuerza por encima de la prevención del delito y el respeto a la dignidad humana.

“Estamos en el siglo XXI. Es una vergüenza que un presidente le esté diciendo a la policía que salga a asesinar a la juventud”, manifestó. Prevención comunitaria y garantías constitucionales. Las participantes consideraron que la prevención del delito debe desarrollarse desde los barrios, las escuelas y las comunidades, mediante medidas que eviten la exclusión educativa y social de niños y adolescentes.

“Desde los territorios y las escuelas hay que encauzar una ruta que lleve a los niños a mejores condiciones de vida. Cuando a un joven lo catalogan de delincuente y lo expulsan de la escuela, queda sin alternativas. Hay que trabajar abajo, directamente con la gente”, expresaron. Finalmente, las manifestantes hicieron un llamado a las autoridades del orden público y del sistema de justicia para que actúen con estricto apego al ordenamiento jurídico nacional y a la Constitución.

Recordaron que la seguridad ciudadana debe construirse sobre la base de la legalidad, la prevención y el respeto a los derechos fundamentales. “Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida, la justicia y la paz, y exigimos que ninguna familia dominicana tenga que seguir llorando la pérdida de sus hijos e hijas sin respuesta ni justicia”, enfatizaron.