Migración elimina 56 mil impedimentos sin base legal

La Dirección General de Migración (DGM) retiró 56,140 impedimentos de salida del país y alertas migratorias que carecían de sustento judicial, como resultado de un proceso de depuración realizado en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR).

La medida permitió levantar restricciones que afectaban el derecho al libre tránsito de miles de ciudadanos, algunos de los cuales mantenían registros en el sistema migratorio pese a haber cumplido sus procesos judiciales o por errores administrativos.

La disposición fue adoptada por la Procuraduría General de la República, que solicitó a Migración mantener activos únicamente aquellos impedimentos y alertas que cuenten con el respaldo de una autoridad judicial competente.

La decisión se produce luego de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica integrada por representantes del Ministerio Público y la Dirección General de Migración, que revisó registros acumulados desde 1990 hasta 2026.

Durante la auditoría se identificaron restricciones que permanecían en el sistema sin una actualización de oficio, incluyendo casos de personas cuyos procesos judiciales habían concluido y otros en los que no existían órdenes judiciales que justificaran las limitaciones para viajar.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó formalmente al director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, priorizar el levantamiento de tres tipos de registros, independientemente de la autoridad que los hubiera colocado.

Entre estos figuran los registros individualizados que carecían de base legal, los registros históricos no individualizados acumulados entre 1990 y 2026 y aquellos que, aunque estaban debidamente identificados, ya habían cumplido su finalidad.

De acuerdo con el último informe presentado por la Dirección General de Migración, 56,140 ciudadanos fueron liberados de estas restricciones, lo que les permite ejercer nuevamente su derecho a viajar al exterior sin las limitaciones migratorias que habían sido identificadas.

La Procuraduría explicó que el proceso no se limita a una actualización de la base de datos, sino que busca corregir una situación acumulada durante décadas que podía afectar derechos fundamentales establecidos en la Constitución dominicana.

En ese sentido, la institución calificó los resultados como un avance en la protección de las garantías constitucionales y el respeto al debido proceso.

La Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración continuarán con la revisión de los registros hasta completar la depuración de la base de datos.

Como parte de este proceso, ambas instituciones trabajan en la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad que permitirá gestionar la colocación y el levantamiento de impedimentos de salida del país.

La entrada en funcionamiento de esta plataforma está prevista para diciembre de 2026.

La iniciativa se fundamenta en los artículos 40, 46 y 169 de la Constitución dominicana, relacionados con la libertad personal, el libre tránsito y las funciones del Ministerio Público, así como en la legislación vigente sobre impedimentos de salida del país.

Con estas acciones, las autoridades buscan evitar que permanezcan activas restricciones migratorias sin fundamento judicial y garantizar que las limitaciones para viajar respondan a disposiciones legales vigentes.