Motosierra corta árboles en Baní, reabre debate sobre terrorismo medioambiental

Una motosierra en manos de un trabajador, subido en una grúa, corta árboles sin detenerse, ignorando el daño que ocasiona. Esta escena se repite en distintas zonas del país, pero en Baní, provincia Peravia, la situación es especialmente grave. Robles antiquísimos han sido talados sin control, lo que reabre el debate sobre el decreto gubernamental contra el “terrorismo medioambiental”.

El 2 de septiembre, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 615-26, que prioriza la lucha contra el “terrorismo medioambiental”. El documento no crea un nuevo delito, sino que define esta conducta como actos que pueden encajar en la Ley 267-08 sobre Terrorismo. Según el texto, el Ministerio Público debe investigar estos casos, aunque las penas ya existían.

Aunque el decreto se centra en parques nacionales, la pregunta persiste: ¿quién protege los árboles y espacios verdes de las ciudades? En la capital, la cobertura arbórea se estima en 15.4 por ciento, con más del 60 % del territorio ocupado por asfalto y edificaciones. La distribución es desigual, con la Circunscripción 3 del Distrito Nacional teniendo la menor cantidad y calidad de árboles.

Según un estudio del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), realizado entre 2017 y 2019, la falta de espacios verdes se debe al crecimiento vertical de la ciudad. Muchos árboles desaparecieron al transformarse patios en viviendas. La investigación también reveló que más del 70 % de las especies son introducidas, no nativas.

La legislación de ordenamiento territorial exige un mínimo de nueve metros cuadrados de área verde por habitante. La Alcaldía del Distrito Nacional informó haber plantado más de 110 mil árboles desde 2020, pero la cifra incluye especies pequeñas como la guáyiga o agaves. Un video publicado en redes sociales muestra que en el informe de gestión 2024-2025, se mencionaron 14,516 árboles, de los cuales cerca de 10 mil eran arbustos o plantas menores.

La normativa urbana establece una clasificación estricta de la flora, separando especies en categorías como árboles, palmas, arbustos, etc. La guáyiga, aunque mencionada como especie con valor cultural, no está clasificada como árbol. La suma de arbustos y plantas en el conteo de árboles puede distorsionar el impacto real de la arborización.

A nivel ambiental, un arbusto no sustituye a un árbol urbano. La normativa exige que los árboles tengan características específicas, como un fuste derecho y una copa equilibrada. Además, el documento advierte que solo sembrando árboles con estructura adecuada se puede prevenir problemas futuros.

La tala de árboles en Baní, junto con casos como los 900 árboles cortados en el Centro Olímpico y las denuncias de cortes sin autorización, son ejemplos que podrían calificarse como “terrorismo medioambiental”. Aunque el decreto busca regular estas acciones, la falta de autorizaciones y la ausencia de control en áreas verdes públicas sigue siendo un problema.

Legalmente, la poda o tala de árboles en vías públicas no es de libre albedrío. El Ministerio de Medio Ambiente otorga permisos para cortes justificados, mientras que los ayuntamientos son responsables de las áreas verdes. En el Distrito Nacional, la Dirección de Gestión Ambiental exige autorización previa, y solo las empresas con licencias pueden actuar en el dominio público.