MP acusó a 134 empresas o ASFL en ocho casos

La Defensa Pública recibe en promedio 25 mil casos al año, lo que ha generado debates entre abogados, fiscales y jueces sobre la representación de empresas acusadas de lavado de activos, corrupción y criminalidad organizada. La falta de precedentes vinculantes y recursos limitados han complicado la atención de estos casos.

A la Defensa Pública, que cuenta con 210 defensores y 151 abogados adscritos a nivel nacional, ingresaron 26 mil 232 casos en 2025. Solo 145 menos que el año anterior. Los informes muestran que desde 2003 hasta 2025, la cantidad de casos que llega a la entidad oscila entre los más de 18 mil y 29 mil por año.

Al comparar la cantidad de casos atendidos por la Defensa con el número de acusaciones que conocieron los tribunales penales en ese mismo año (31,325), se deduce que a la Defensa le tocó asumir la representación del 84% de los casos penales del país.

El presupuesto con el que se manejó en 2025 fue de poco más de 836 millones de pesos. Del 2020 a la fecha, al menos 84 personas jurídicas, empresas y Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL), han sido sometidas a la acción de la justicia solo en los más grandes casos complejos que se conocen en el Distrito Nacional.

Entre los casos destacados está el de Alexis Medina, hermano del expresidente de la República, y 21 personas jurídicas imputadas de defraudar al Estado con más de RD$4,796 millones; Jean Alain Rodríguez, exprocurador general de la República, y 22 personas jurídicas imputadas por presuntos actos ilícitos de unos RD$6,000 millones.

También están el caso de Adan Cáceres del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y Cuerpo Especializado en Seguridad Turística (Cestur) y 18 personas jurídicas imputadas de afectar unos RD$4,500 millones del erario; el proceso seguido al exministro de Hacienda Donald Guerrero y 12 personas jurídicas acusadas por supuestamente integrar una red que defraudó al Estado con más de 19 mil millones de pesos.

Otros casos incluyen el de José (Jochi) Gómez y siete personas jurídicas señaladas de afectar a Estado con cerca de 1,300 millones en el proyecto de la red semafórica del Santo Domingo a cargo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrat), así como el caso Santiago Hazim y hasta ahora cuatro personas jurídicas señaladas como responsables de un fraude de 15 mil millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Fuera del Distrito Nacional, en dos casos vinculados a redes de narcotráfico, denominados por el Ministerio Público como operación Larva y Falcón, figuran 52 personas jurídicas sometidas por presuntamente ser instrumentos para el blanqueo de capitales.

Estos casos son una muestra de los diversos procesos complejos que figuran en los tribunales, sin que estén vigentes los artículos del Nuevo Código Penal que amplían los hechos que pueden derivarse en responsabilidad penal para las personas jurídicas.

¿La Oficina de Defensa Pública tiene capacidad para asumir la representación de empresas sometidas por infracciones penales? Francisco Álvarez, coordinador de Participación Ciudadana, expresó que entiende ambas posiciones, pero considera que el Ministerio Público quiere empujar sus casos y no que se paralicen hasta que se designe un defensor.

Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), señaló que asumir casos de empresas cargaría más a la Defensa, especialmente de sectores con más recursos.

Del universo de imputados, solo una mínima parte no ha sido representada por abogados privados en los tribunales. Sin embargo, los precedentes con Único Real State, RG&S Soluciones Financieras, Asociación Campesina Madre Tierra, Ministerio Jesús vino, Vive, Vuelve, Agencia de Cambio Estrella, F & F Ezel Import e Inprosol SRL podrían marcar la ruta de lo que se avecina.

Estas empresas fueron acusadas junto a sus accionistas, así como aquellos que el Ministerio Público considera son sus dueños reales, pero más de dos años después, sus procesos siguen estancados porque la Defensoría no los ha asistido y sus accionistas tampoco han contratado abogados privados.

Laura Acosta, abogada del exdirector del Intrant, Hugo Veras, explicó que los jueces ordenaron que viniera la Defensoría, pero esta no ha respondido. Desde el 20 de agosto se le notificó.

Ingrid Hidalgo, jurista y miembro de la junta directiva del Instituto Dominicano de Derecho Penal, señaló que aún no existe una decisión firme que obligue a la Defensoría a defender personas jurídicas, según los fallos emitidos por los tribunales de primer grado que acogieron recursos de inconstitucionalidad presentados por el Ministerio Público.

Rodolfo Valentín espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el tema, pero mientras tanto, no asistirá a las entidades comerciales que tienen activos, pasivos y no se declaran en quiebra.

¿Si el Tribunal Constitucional, mediante un recurso de revisión, confirma que a la Defensoría le corresponde dar asistencia a las entidades en estado de indefensión, en atención a la garantía del derecho de defensa establecido en la Carta Magna, estaría esa institución en capacidad para responder?

Carlos Salcedo explicó que la Constitución no establece diferencia entre personas físicas y personas morales. Señaló que el Estado debe proveer la defensa a toda persona imputada bajo dos condiciones: que no tenga abogado y que no tenga los recursos para defenderse.

El Estado que proveyó una solución legislativa para perseguir a las empresas debe también proveer una solución, y en este caso la Comisión Nacional de Defensa Pública tiene una herramienta inmediata, pero eso implica también un ajuste.