Nueva ley de salud mental obligaría a ARS a ampliar coberturas
El Senado rindió informe sobre la nueva ley de salud mental, que incluye obligatoriedad de coberturas en seguros y centros Reside por región.
La comisión especial del Senado presentó el informe del proyecto de ley orgánica sobre salud mental, que será votado en la próxima sesión. El texto incluye cambios significativos en la legislación vigente, como la obligatoriedad de ampliar la cobertura de salud mental ofrecida por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
La normativa propuesta contempla la existencia de tres profesionales para internamientos involuntarios, así como la creación de un Centro de Rehabilitación Psicosocial y de Desarrollo Humano (Reside) en cada región. Estas instituciones públicas brindarán servicios especializados de manera integral para la salud mental.
Otros aspectos incluidos son la prisión y multas por divulgar información de pacientes, mayor control de las hospitalizaciones, y la obligatoriedad de tener cinco psicólogos como mínimo en cada distrito educativo. El marco legislativo busca garantizar el derecho a una salud mental universal, digna y accesible.
El proyecto es una fusión de cuatro iniciativas, incluyendo la presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, que fue elaborada por el Ministerio de Salud Pública. La legislación refundida deroga la Ley 12-06, vigente desde 2006, sobre Salud Mental.
Según el artículo 67, las ARS deben incluir la atención de salud mental en sus planes, con cobertura de psicoterapia, medicamentos y límites a los copagos. El Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) incluirá la atención en salud mental dentro de los planes ofrecidos por las administradoras de riesgos de salud, públicas, privadas o mixtas.
El texto señala que los servicios de salud mental deberán estar cubiertos por todos los planes de salud ofrecidos por las administradoras de riesgos de salud. Se incluirá en el Plan Básico de Salud la psicoterapia ambulatoria individual y familiar, no limitada solo a crisis, y los psicofármacos atípicos y de última generación.
Las primas de seguros deberán establecerse de manera justa y razonable, basándose en estimaciones actuales y estadísticas, así como en evaluaciones no discriminatorias. El CNSS establecerá un tope de copago en servicios ambulatorios de psicología y psiquiatría, y la cobertura no podrá ser inferior a la de otras condiciones de salud.
El artículo 101 establece que en un plazo de 10 años a partir de la entrada en vigencia de la ley, el Servicio Nacional de Salud (SNS) instalará en cada región administrativa un centro Reside. En cuanto a los internamientos involuntarios, la nueva legislación establece mayores requisitos profesionales y un procedimiento de validación.
Para que proceda la hospitalización involuntaria, se requieren dos médicos psiquiatras y un psicólogo clínico que no tengan relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona. Además, el artículo 72 establece que cada distrito educativo tendrá al menos cinco psicólogos disponibles para atender las escuelas y colegios bajo su supervisión.
Los artículos 74 y 75 consignan prisión y multas por divulgar información de pacientes. Los medios de comunicación o personas jurídicas que realicen una publicación o divulgación que constituya una intromisión ilegítima o la divulgación de datos clínicos o imágenes que vulneren la privacidad de la persona afectada serán sancionados con multa de uno a dos salarios mínimos del sector público.
La comisión especial del Senado invitó a varias instituciones y especialistas para escuchar sus opiniones, entre ellos el Ministerio de Salud Pública, la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo, la Plataforma Ciudadana por la Salud Mental, la Organización Panamericana de la Salud y el doctor José Orlando Bidó.
El psiquiatra José Miguel Gómez llamó al Senado y a la Cámara de Diputados a aprobar la nueva ley de salud mental antes de finalizar este año, con el propósito de fortalecer los servicios de atención psiquiátrica y garantizar mayores recursos para atender a las personas con trastornos mentales.



