Participación Ciudadana defiende selección transparente para presidente SCJ
La organización respalda el proceso de elegir al presidente de la Suprema Corte de Justicia, sin importar si el candidato es juez de carrera o no.
Santo Domingo.- Participación ciudadana valoró este lunes el editorial publicado por el periódico El Día titulado “¿Institucionalidad o preferencia?” y aclaró que la preferencia por un juez de carrera no contradice la institucionalidad que debe caracterizar el proceso de selección.
La organización coincidió con el planteamiento de El Día de que el Consejo Nacional de la Magistratura cuenta con buenas opciones entre los jueces de carrera para elegir al presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como entre los profesionales del derecho que han desarrollado una trayectoria honorable en el ejercicio de su profesión.
En una carta dirigida al director del medio, José P. Monegro, con fecha del 22 de octubre de 2,026, la entidad explicó que la composición de la Suprema Corte de Justicia está integrada en tres cuartas partes por jueces de carrera, por lo que considera importante que estos también tengan la oportunidad de alcanzar la presidencia del tribunal.
‘Cuando concluya el proceso tendremos un presidente de la Suprema Corte de Justicia, que sin importar que venga de la carrera o fuera de ella, deberá ser apoyado en lo que verdaderamente importa’, precisa la misiva.
El editorial también reconoce el valor de combinar la experiencia de la judicatura con los conocimientos y las perspectivas de profesionales provenientes de otros ámbitos jurídicos.
La carta, firmada por Francisco Álvarez Valdez, coordinador general de Participación Ciudadana, sostiene que quien resulte elegido deberá contar con respaldo para fortalecer el Poder Judicial y dar continuidad a los esfuerzos realizados por la actual presidencia.
El objetivo, indicó, debe ser consolidar un sistema judicial no solo eficaz, sino también eficiente, íntegro e independiente.
Desde estos espacios, explicó, ha defendido la selección de integrantes de las altas cortes mediante procesos transparentes, basados en perfiles y con respeto al mandato constitucional sobre el equilibrio de género.
