Propone modificar responsabilidad de empresas en el CP
El diputado Wandy Batista sugiere ajustar artículos del Código Penal que afectan la presunción de inocencia de las empresas.
El presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, Wandy Batista, propone la modificación de los artículos 8, 9, 10 y 11 del nuevo Código Penal, que tratan sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Batista señaló que la redacción actual de esos artículos va en contra del principio de presunción de inocencia.
En conversación con elCaribe, Batista apoyó el proyecto de ley que busca extender a dos años la entrada en vigencia de los mencionados artículos, para que comiencen a aplicarse el 5 de noviembre de 2028, en lugar del 5 de noviembre de este año, iniciativa presentada por el senador Rafael Barón Duluc (PRM-La Altagracia).
El diputado perremeísta consideró que dos años podrían ser un plazo largo, aunque aclaró que esos artículos podrían ser corregidos en menos tiempo. A la vez, expresó que probablemente no habrá inconveniente en que sean dos años, pero insistió en que debe quedar resuelto mucho antes de ese tiempo.
Batista manifestó que el Código Penal califica a las empresas como culpables de forma automática, y luego que presenten el protocolo, las libera. A su juicio, esto implica que todo el mundo tendrá un protocolo, incluso las que se dedican a cometer delitos a propósito.
El legislador advirtió que si es tan simple como tener un protocolo interno, todas las empresas lo tendrán, lo que haría que el mecanismo no sea efectivo. Enfatizó que está en desacuerdo con la redacción de los artículos mencionados y recordó que fue por eso que se le dio tres meses de vacatio legis, que vence el 5 de noviembre.
La semana pasada, el Senado aprobó de urgencia el proyecto de ley que amplía a 2,4 años el plazo para la entrada en vigencia del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si la iniciativa prospera, los artículos mencionados se aplicarán a partir del 5 de noviembre de 2028.
El proyecto, presentado por el senador de La Altagracia, busca facilitar la implementación ordenada del marco penal y la preparación adecuada de los destinatarios y las instituciones del sistema de justicia. Los dos años de vacatio legis permitirán que el Estado promueva la capacitación de los operadores del sistema de justicia y brinde orientación clara a las personas jurídicas, respetando la autonomía y competencias de cada institución.
