Proyecto plantea que presos por delitos graves trabajen en obras públicas
Un proyecto de ley propuesto en la Cámara de Diputados sugiere que personas condenadas por delitos graves trabajen en obras públicas para reducir la carga del Estado.
Las personas condenadas por delitos graves, como asesinato, feminicidio o violación sexual, podrían ser obligadas a trabajar en la construcción de calles, carreteras y puentes, según un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados. El objetivo es que estos privados de libertad se ganen su alimentación y bebida, evitando que sean una carga para el Estado.
El proyecto, introducido el pasado jueves por el diputado Miguel Arredondo, busca fomentar hábitos de responsabilidad y disciplina en los presos mediante el trabajo. Además, se pretende que las labores contribuyan al mantenimiento de obras públicas del Estado y reduzcan la inactividad durante el cumplimiento de las penas.
Arredondo justifica la iniciativa al señalar que el país realiza importantes inversiones anuales en la construcción y mantenimiento de infraestructura. Estas actividades, según el legislador, podrían ser realizadas por los presos, siempre bajo la supervisión de las autoridades competentes, para garantizar que respondan a proyectos de utilidad pública.
El proyecto establece que las personas con discapacidad o enfermedad que les impida realizar el trabajo no estarán obligadas a participar. Sin embargo, los adultos mayores deberán cumplir con las condiciones especiales previstas en la legislación vigente y solo podrán participar en labores compatibles con su condición.
La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales coordinará la implementación del régimen especial, en coordinación con las instituciones públicas correspondientes. El financiamiento del proyecto provendrá de la partida presupuestaria del Ministerio de Justización.
El reglamento de aplicación de la norma será elaborado por el Ministerio de Justicia en un plazo no mayor a 120 días, contados a partir de la promulgación de la ley. Para que el proyecto sea efectivo, deberá completar su trámite en el Congreso y ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
Arredondo mencionó que en países como Estados Unidos, Alemania, Singapur, Paquistán y la República de China existen disposiciones similares que permiten a los presos trabajar en obras públicas y así costear los gastos del Estado en su alimentación y mantenimiento.
