RD mantiene Nivel 2 en evaluación estadounidense contra trata de personas

República Dominicana mantiene el Nivel 2 en el más reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, que reconoce sus esfuerzos contra la trata de personas, aunque destaca que el país no cumple plenamente los estándares mínimos establecidos por la legislación estadounidense.

La permanencia en esa categoría da continuidad al avance registrado en 2025, cuando el país pasó del Nivel 2 con Lista de Vigilancia al Nivel 2. Esta clasificación reconoce esfuerzos significativos para combatir la trata, aunque indica que el Gobierno todavía no cumple plenamente los estándares mínimos establecidos por la legislación estadounidense.

Más condenas y una legislación reforzada. Los tribunales condenaron a 30 traficantes en 2025, frente a 11 en 2024. Entre los condenados hubo un agente de la Policía Nacional, sentenciado a 20 años por trata sexual. También aumentaron los procesamientos, de 50 presuntos traficantes en 2024 a 73 en 2025.

Entre las medidas que el informe reconoce figura la modificación de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en julio de 2025. La reforma aumentó las penas por trata, eliminó el plazo de prescripción e incorporó la responsabilidad de funcionarios que, teniendo la obligación de prevenir estos delitos, no actúan para hacerlo.

En materia de atención, el Gobierno identificó a 139 víctimas en 2025, frente a 136 el año anterior, y remitió a todas a servicios gubernamentales o financiados por el Estado. De las víctimas extranjeras identificadas, 106 eran colombianas.

Los tribunales ordenaron a siete traficantes condenados pagar 21.77 millones de pesos en restitución a cuatro víctimas. Las apelaciones pendientes impedían ejecutar esos pagos durante el período evaluado.

El informe clasifica a los gobiernos en cuatro categorías, de acuerdo con su cumplimiento de los estándares mínimos establecidos por la ley estadounidense. El Nivel 1 corresponde a los países cuyos gobiernos cumplen plenamente esos estándares.

El Nivel 2 agrupa a gobiernos que no cumplen plenamente esos estándares, pero realizan esfuerzos significativos para alcanzarlos. En el Nivel 2 con Lista de Vigilancia se encuentran países que también hacen esfuerzos, pero sobre los que pesan factores adicionales, como un número muy alto o creciente de víctimas, falta de avances demostrables o compromisos de acción pendientes.

El Nivel 3 corresponde a gobiernos que no cumplen plenamente los estándares mínimos ni realizan esfuerzos significativos para hacerlo. El Nivel 1, aunque representa el mayor grado de cumplimiento, no significa que en un país no exista trata de personas. La escala evalúa principalmente la respuesta del Gobierno frente a los estándares estadounidenses, no la ausencia del delito.

El Gobierno dominicano difundió una nota de prensa el 8 de octubre en la que presentó la clasificación como un ascenso al Nivel 2. El Departamento de Estado, sin embargo, precisó que el país se mantuvo en esa categoría: el ascenso desde la Lista de Vigilancia se produjo en el informe de 2025.

La permanencia en el Nivel 2 no activa por sí misma las restricciones previstas para el Nivel 3. La ley estadounidense permite que el presidente imponga a los países en esa categoría límites a ciertos tipos de asistencia no humanitaria ni relacionada con el comercio, además de medidas sobre préstamos de organismos multilaterales. Esas decisiones no son automáticas y pueden ser objeto de exenciones.

Junto con el aumento de las condenas y los procesamientos, la evaluación identifica aspectos que requieren mayor atención. Las investigaciones bajaron de 229 a 94. El Gobierno reportó ocho investigaciones por trabajo forzoso y una por una modalidad no especificada; las demás correspondieron a trata sexual.

La identificación de víctimas de trabajo forzoso también constituye un desafío: solo una fue reconocida como tal en 2025, frente a 13 en 2024. El Departamento de Estado considera insuficientes los esfuerzos para investigar la trata laboral, incluso en sectores donde existen riesgos conocidos de trabajo forzoso.

El informe señala que los inspectores laborales no identifican sistemáticamente esos casos ni los remiten para investigación penal. También observa que las autoridades concentran sus esfuerzos contra la trata sexual en zonas urbanas, con poca atención a la explotación laboral en áreas rurales.

El programa piloto para registrar a trabajadores migrantes con contratos laborales, principalmente en el sector azucarero, permaneció bajo revisión y no avanzó significativamente. El informe también advierte que la falta de documentos de identidad para personas apátridas y otros trabajadores los expone a mayores riesgos de explotación.

El reporte también señala que el Gobierno no informó sobre servicios especializados para hombres víctimas de trata. Aunque las mujeres adultas podían alojarse en refugios, las autoridades no permitían que la mayoría saliera sin supervisión. Además, observadores indicaron que los funcionarios no siempre aplicaban el protocolo para detectar posibles víctimas entre migrantes antes de deportarlos, y que algunos solicitaban sobornos a extranjeros.

La evaluación estadounidense reconoce una respuesta más activa del Gobierno dominicano y la continuidad del progreso que permitió al país salir de la Lista de Vigilancia. El aumento de las condenas, los procesamientos y la remisión de víctimas a servicios de atención son avances concretos. Ampliar la investigación de la explotación laboral y fortalecer la protección de las víctimas siguen siendo tareas necesarias para alcanzar el pleno cumplimiento de los estándares mínimos.