Rodríguez García lidera 55 muertes en intercambios de disparos en septiembre

El presidente Luis Abinader designó al mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García como nuevo director general de la Policía Nacional mediante el decreto 558-26, reemplazando a Andrés Modesto Cruz Cruz en el cargo.

Dos meses han transcurrido desde que Rodríguez García asumió la dirección de la Policía Nacional, y durante ese tiempo, los intercambios de disparos entre agentes y presuntos delincuentes han sido parte de su gestión.

Según registros oficiales, en septiembre se registraron al menos 55 muertes por intercambios de disparos, mientras que en octubre la cifra se encuentra en 37, con proyección de subir a 40 o más.

Los hechos han ocurrido en distintas regiones del país, desde el Distrito Nacional hasta la provincia sureña de Bahoruco.

A través de reportes periodísticos, policiales y de páginas web, Listín Diario identificó 37 de los 55 casos registrados en septiembre y 26 de los 37 ocurridos en octubre.

Entre los casos más recientes, el pasado 21 de octubre fallecieron los hermanos gemelos Randy Omar Borges Jiménez y Omar Randy Borges Jiménez, quienes fueron abatidos por uniformados en su residencia del sector Mendoza, Santo Domingo Este. Tenían 16 años.

Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló que las autoridades deben contar con estadísticas y un listado oficial de los casos.

“Para establecer cuántas personas han sido colocadas en el llamado código 29 desde la llegada del nuevo director de la Policía Nacional, es necesario contar con estadísticas oficiales y verificables. No podemos permitir que estas muertes se conviertan en simples cifras; detrás de cada caso hay una vida, una familia y una sociedad que merece conocer la verdad”, declaró al ser cuestionado.

Además, Mercedes destacó que la edad promedio de las personas abatidas es preocupante, ya que los fallecidos tenían entre 18 y 25 años.

“Debemos fortalecer la prevención del delito, las oportunidades de reinserción social y los mecanismos de supervisión de las actuaciones policiales, garantizando siempre el derecho a la vida y el debido proceso”, precisó el defensor de los derechos humanos.