Senador propone concesiones públicas de hasta 40 años con sanciones por incumplimiento
Senador Ricardo de los Santos presentó proyecto que regula concesiones estatales con duración máxima de 40 años y sanciones por incumplimiento.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, presentó un proyecto de ley que propone un marco jurídico para regular la adjudicación, ejecución y supervisión de concesiones estatales. El objetivo es garantizar la transparencia, la eficiencia y la adecuada gestión de los recursos públicos.
La iniciativa busca establecer una modalidad intermedia entre la contratación pública ordinaria y las alianzas público-privadas. Esto permitiría desarrollar proyectos de infraestructura y servicios mediante inversión privada, sin que el Estado tenga que aportar necesariamente bienes o recursos.
El proyecto contempla la creación del Sistema Nacional de Concesiones Públicas, integrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el Consejo Nacional de Concesiones, la Dirección Técnica de Concesiones y otras entidades vinculadas con estos procedimientos.
Asimismo, establece la creación de un Registro Nacional de Concesionarios del Estado y un régimen de prohibiciones e inhabilidades para prevenir conflictos de intereses, corrupción y prácticas que afecten la libre competencia.
La selección de los concesionarios se realizaría mediante licitación pública nacional o internacional, con requisitos de participación, criterios de evaluación, garantías y mecanismos de supervisión definidos previamente.
Los contratos tendrían una duración de cinco a 40 años, con límites a las prórrogas y prohibición expresa de renovación automática. También deberán especificar las inversiones, las tarifas, la distribución de riesgos y las condiciones para su modificación o terminación.
La propuesta reconoce, además, la posibilidad de que particulares presenten proyectos de interés público que no requieran aportes del sector público, aunque esta modalidad no les garantizaría una adjudicación directa.
Finalmente, el proyecto establece sanciones por infracciones leves, graves y muy graves, que incluirían multas, ejecución de garantías e inhabilitación temporal.
