Separan a Rafael Calderón del juicio por problemas de salud
El Tribunal Colegiado decidió separar el juicio de Rafael Calderón por su situación médica, fijando una nueva audiencia para el 21 de octubre.
La próxima audiencia fue fijada para las 9:00 de la mañana del próximo 21 de octubre. El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogió las solicitudes presentadas por el imputado Rafael Calderón, exsenador de la provincia Azua, para separar su expediente del caso Calamar.
La decisión se tomó tras varias solicitudes realizadas en audiencias anteriores. El tribunal basó su resolución en el artículo 65 del Código Procesal Penal, que regula la fusión y separación de juicios. La jueza Arlin Ventura, presidenta del tribunal, explicó que la separación se realizó por la situación médica del imputado.
Rafael Calderón, imputado por el caso Calamar, envió a través de su abogado constancias médicas que indican que no puede asistir a las audiencias. Wilson Beriguete, su defensor, declaró que su cliente sufrió un accidente y fue sometido a una operación de cadera, lo que requirió una licencia médica de 30 días.
El Ministerio Público manifestó que ha estado listo desde el inicio para iniciar el proceso y solicitó la separación de los expedientes de Calderón y de Daniel Omar Caamaño, excontralor de la República, quien también presentó una excusa médica. La magistrada indicó que Caamaño tendrá una “última oportunidad” para resolver su caso.
Las juezas explicaron que la situación de Caamaño es distinta y que por eso esperan que concluya su proceso de recuperación para atender la solicitud de separación. La próxima audiencia fue fijada para las 9:00 de la mañana del próximo 21 de octubre.
En el caso figuran como acusados otros 15 individuos, entre ellos Ángel Lockward, Alexandra García Medina, Gervasio Fernández, Daniel de Jesús Camaño, Juan Tomás Céspedes, Julián Omar Fernández, Mabel Mejía, Kimberly Arias Martínez, César Miguel Santana Martínez, Edwin Óscar Brito, Náthaly Hernández Guzmán y Luis Miguel Pichirilo.
A todos ellos se les acusa de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña. Según el Ministerio Público, la red desmantelada habría desviado más de 19,000 millones de pesos a través de la expropiación de terrenos declarados de utilidad pública y el cobro irregular sobre juegos de azar para financiar la campaña política del año 2020.
