Lunes, 26 de octubre de 2026
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Tobías Crespo acusa al Gobierno de fracaso en seguridad y cuestiona intercambios de disparos

El diputado Tobías Crespo criticó el manejo de la seguridad y señaló que el aumento de muertes durante intervenciones policiales refleja un fracaso gubernamental.

Imagen de un operativo policial en la calle.
Imagen de un operativo policial en la calle.

El diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, acusó al Gobierno de fracaso en materia de seguridad ciudadana y cuestionó los resultados de la política criminal y la reforma policial, al referirse al aumento de las muertes durante intervenciones de agentes de la Policía Nacional.

Crespo sostuvo que las autoridades han mantenido un discurso sobre la reducción de la criminalidad que, a su juicio, contrasta con la realidad que viven los ciudadanos. “¿Qué refleja esto? Esto refleja que el Gobierno fracasó”, expresó el legislador al abordar las muertes registradas durante operativos policiales y los llamados intercambos de disparos, durante una entrevista en el programa Esto No Tiene Nombre.

El diputado consideró que el problema de la seguridad no puede enfrentarse únicamente con cambios de imagen en la institución policial. “La reforma de la Policía no es cambiar el uniforme a la Policía para que cambie de gris a otro color más llamativo”, manifestó.

Aunque reconoció algunas medidas adoptadas por las autoridades, como los aumentos salariales a los agentes y la incorporación de cámaras corporales, sostuvo que estas acciones deben formar parte de una transformación más amplia, acompañada de incentivos, beneficios y mejores condiciones para los miembros de la institución.

Crespo también cuestionó el manejo de las estadísticas oficiales sobre criminalidad y afirmó que la situación que vive la población contradice el discurso gubernamental. “La realidad no solamente le da a ellos en la cara, lo sufre el pueblo”, expresó, al señalar que la delincuencia continúa afectando a las comunidades.

El legislador insistió en que la seguridad ciudadana requiere una política integral que involucre a la Policía Nacional, el Ministerio Público y el sistema judicial, además de políticas sociales orientadas a la prevención del delito.

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