Tránsito en Santo Domingo cuesta tiempo, dinero y afecta el medio ambiente

Los tapones del Gran Santo Domingo reducen el tiempo disponible de miles de ciudadanos, elevan sus gastos de transporte y agravan los problemas ambientales. Desde primeras horas de la mañana hasta la noche, las principales avenidas se congestionan, y las calles secundarias pierden su función como rutas alternativas.

Esta situación obliga a los conductores a permanecer más tiempo en sus vehículos, lo que aumenta el consumo de combustible y dificulta los desplazamientos cotidianos. Sin embargo, el problema no se limita a la cantidad de vehículos. La concentración de empresas, instituciones públicas y servicios en el Distrito Nacional también merece atención.

El Distrito Nacional, centro económico de la República Dominicana, un territorio tan pequeño presenta un exorbitante número de vehículos circulando y registrados en los 91 kilómetros cuadrados. Seguido está la provincia de Santo Domingo con 843 vehículos por kilómetro cuadrado en sus 1.396 kilómetros cuadrados.

Continúa La Romana con 314 vehículos por kilómetro cuadrado en sus 652 kilómetros cuadrados. En San Cristóbal hay una densidad de 249 vehículos por kilómetro cuadrado en sus 1.242 kilómetros cuadrados. Le siguen Santiago con 198 vehículos por kilómetro cuadrado en sus 2.805 kilómetros cuadrados.

El Distrito Nacional ocupa un territorio reducido y concentra importantes actividades económicas y administrativas. Por eso, miles de personas se trasladan diariamente para trabajar o realizar diligencias. Además, la demanda de estacionamientos presiona el espacio urbano. Quienes trabajan en la capital o acuden a sus instituciones encuentran dificultades para estacionar.

El transporte público representa una alternativa para reducir el uso de vehículos privados. Sin embargo, su capacidad, cobertura y eficiencia deben responder a las necesidades de los usuarios. En consecuencia, las autoridades necesitan determinar cuántos desplazamientos diarios responden a trámites que podrían realizarse digitalmente o en otras localidades.

Por ejemplo, ¿cuántas personas viajan al Distrito Nacional para solicitar documentos, gestionar permisos, obtener certificaciones o firmar contratos? También conviene identificar cuáles de esos procedimientos requieren presencia física y cuáles podrían completarse mediante plataformas digitales. Una revisión de los servicios públicos permitiría detectar viajes evitables.

Asimismo, ayudaría a establecer qué instituciones podrían ampliar su atención fuera de la capital. No obstante, cualquier cifra sobre servicios presenciales o desplazamientos evitables necesita documentación oficial. El Ministerio de Administración Pública (MAP) documenta casi dos mil servicios presenciales.

La congestión también plantea riesgos ambientales. El aumento del tiempo de circulación puede prolongar la exposición de conductores, pasajeros, peatones y residentes a las emisiones vehiculares. El informe GEO-2024 del Ministerio de Medio Ambiente registra concentraciones de partículas PM10 en distintas estaciones del país.

En el Distrito Nacional, la estación reportó un promedio anual de 63,17 microgramos por metro cúbico en 2024, número que aumenta cada año. Ese valor supera los 50 microgramos por metro cúbico utilizados como límite de referencia en el informe. Sin embargo, el dato corresponde a partículas PM10 y no demuestra, por sí solo, cuánto aporta el tránsito a esa concentración.

Asimismo, las autoridades deben evaluar los riesgos para peatones, ciclistas, motociclistas y conductores. Para ello, necesitan estadísticas verificables sobre accidentes, lesiones y muertes por ubicación y tipo de vehículo.

Soluciones para recuperar tiempo y espacio La Ley 63-17 ofrece un marco legal para organizar la movilidad, regular el tránsito y fortalecer la seguridad vial. Por tanto, las políticas públicas deben evaluar el transporte colectivo, la gestión de semáforos, las rutas de autobuses y las condiciones para caminar o utilizar bicicletas.

La tecnología también puede contribuir a mejorar la movilidad. Los datos de GPS, los sistemas inteligentes de tránsito y los modelos de análisis pueden ayudar a identificar patrones de congestión. Además, las instituciones podrían ampliar los trámites digitales y distribuir determinados servicios en otras localidades. Estas medidas requieren evaluaciones de costos, accesibilidad y resultados.

Sin embargo, las soluciones necesitan indicadores que permitan evaluar sus resultados. El primero consiste en medir cuánto tiempo pierde la población en sus desplazamientos diarios. También resulta necesario comparar rutas, horarios y medios de transporte. De esa manera, sería posible identificar quiénes enfrentan los mayores retrasos y qué factores explican las diferencias.

El análisis debe incluir el gasto adicional en combustible, el costo del transporte público y las consecuencias de los retrasos para las actividades familiares y laborales. En definitiva, el desafío consiste en determinar cuánto tiempo, dinero y bienestar pierde la población por la congestión y qué cambios pueden reducir esos costos.