Trump exige proteger infraestructura estratégica en países latinoamericanos

La eliminación de medidas de protección al arroz en República Dominicana y la reciente solicitud de Estados Unidos a El Salvador para proteger sus puertos de influencias extranjeras forman parte de una serie de exigencias y presiones ejercidas por la administración de Donald Trump sobre países latinoamericanos desde su regreso a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025.

México, Colombia, Panamá, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, Guatemala y varias naciones del Caribe han enfrentado planteamientos estadounidenses sobre comercio, migración, seguridad, tecnología o relaciones con China. Las consecuencias han sido distintas. Algunos gobiernos modificaron políticas, otros suscribieron acuerdos y varios rechazaron las solicitudes.

La presión sobre infraestructura estratégica adquirió actualidad el martes 13 de octubre, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, pidió al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, mantener seguros los puertos y protegerlos de lo que calificó como «influencias extranjeras malignas». Washington no identificó públicamente al país o las empresas señaladas. Hasta este miércoles, Bukele tampoco había anunciado una respuesta específica, pero el enfoque está en China.

República Dominicana: arroz y tecnología china. El Gobierno de Luis Abinader derogó mediante el decreto 635-26, del 9 de septiembre, una disposición de 2024 que establecía medidas arancelarias para proteger la producción nacional de arroz. La decisión se produjo durante conversaciones comerciales con Estados Unidos, que reclamaba ajustar el acceso al mercado dominicano a los compromisos de liberalización previstos en el DR-Cafta.

La medida eliminada contemplaba un arancel del 20 % para determinadas importaciones de arroz dentro del régimen establecido. Otro planteamiento estadounidense estuvo relacionado con las tecnologías chinas. En agosto de 2026, la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo difundió una advertencia sobre empresas como Huawei, ZTE y Hikvision, cuyos equipos Washington considera riesgosos para la seguridad de las redes.

El mensaje instó a los países de América a sustituir esas tecnologías por proveedores confiables. La Embajada de China rechazó las acusaciones, que calificó de infundadas. La advertencia estadounidense no identificó instituciones dominicanas afectadas ni presentó casos específicos de espionaje ocurridos en el país.

Panamá recibió uno de los primeros planteamientos del nuevo Gobierno estadounidense. En febrero de 2025, Rubio comunicó al presidente José Raúl Mulino las preocupaciones de Washington por la influencia china alrededor del canal interoceánico. Tras el encuentro, Mulino anunció que Panamá no renovaría su participación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, promovida por China. Sin embargo, rechazó cualquier negociación sobre la soberanía del canal.

En enero de 2026, la Corte Suprema panameña anuló los contratos mediante los cuales una filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison operaba dos terminales portuarias situadas en los extremos del canal. Estados Unidos celebró la decisión judicial, mientras China la cuestionó.

Perú enfrentó advertencias relacionadas con el megapuerto de Chancay, construido con inversión de la empresa estatal china Cosco Shipping. En febrero de 2026, el Departamento de Estado manifestó preocupación por una decisión judicial que limitaba las facultades de supervisión del regulador portuario peruano. Washington advirtió que la presencia china podía comprometer el control nacional de infraestructura estratégica.

El Gobierno peruano respondió que la inversión extranjera está sometida a su legislación y que distintas instituciones estatales mantienen facultades de fiscalización sobre el puerto. México enfrentó la amenaza de aranceles del 25 % si no reforzaba sus acciones contra el tráfico de fentanilo y la migración irregular. En febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum acordó desplegar 10,000 integrantes de la Guardia Nacional en la frontera norte, a cambio de una suspensión temporal de los gravámenes anunciados por Trump.

México también solicitó mayores controles estadounidenses sobre el tráfico de armas hacia su territorio. Colombia protagonizó un enfrentamiento diplomático en enero de ese mismo año, cuando el entonces presidente Gustavo Petro rechazó recibir dos vuelos militares estadounidenses con migrantes deportados. Trump anunció aranceles del 25 %, con posibilidad de elevarlos al 50 %, además de restricciones de visados y otras sanciones.

Posteriormente, ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo sobre la recepción de los deportados y Washington suspendió las medidas anunciadas. Brasil y Chile: medidas relacionadas con decisiones internas. En julio de 2025, Trump anunció aranceles del 50 % sobre productos brasileños y vinculó la decisión con el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro. Washington también revocó visados a funcionarios judiciales brasileños.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva rechazó la intervención estadounidense y defendió la independencia de los tribunales. Chile, por su parte, enfrentó sanciones relacionadas con un proyecto de cable submarino de telecomunicaciones que conectaría Valparaíso con Hong Kong. En febrero de 2026, Estados Unidos revocó los visados de tres funcionarios chilenos, incluido el entonces ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

Washington sostuvo que las actuaciones vinculadas con infraestructura crítica comprometían la seguridad regional. El Gobierno chileno rechazó las acusaciones, presentó una protesta diplomática y recordó que el proyecto todavía estaba en evaluación. Chile también fue objeto de medidas comerciales estadounidenses relacionadas con el cumplimiento de restricciones a mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

Argentina y Ecuador: acuerdos para abrir sus mercados. Argentina y Ecuador siguieron una vía diferente: la negociación de acuerdos comerciales con Estados Unidos. El Gobierno de Javier Milei firmó el 5 de febrero de 2026 un acuerdo de comercio e inversiones recíprocos que contempla reducir barreras para productos estadounidenses, incluidos vehículos, maquinaria, medicamentos y mercancías agrícolas.

También incluye compromisos sobre inversiones, procedimientos aduaneros y cooperación en sectores estratégicos. Ecuador había anunciado en noviembre de 2025 un marco de acuerdo mediante el cual se comprometió a reducir o eliminar aranceles sobre determinados productos.