Violencia de género deja secuelas psicológicas profundas en víctimas
Cifras revelan que en 2025 se registraron 73,295 denuncias por violencia intrafamiliar y de género en RD, pero las consecuencias psicológicas persisten incluso tras la condena.
Durante el año 2025 se registraron 73,295 denuncias formales por violencia intrafamiliar, de género y delitos sexuales en las fiscalías dominicanas, según la Procuraduría General de la República. Este dato solo refleja la punta del iceberg de un problema que afecta a miles de mujeres en el país.
Detrás de cada denuncia hay una mujer que decidió romper el silencio, pero también una historia de miedo, sometimiento y consecuencias que pueden perdurar incluso después de alejarse del agresor. La violencia intrafamiliar representa el 52.57% de los casos, seguida por la violencia de género (34.55%) y los delitos sexuales (12.88%).
El entorno doméstico, que debería garantizar protección, se convierte para la mayoría de las víctimas en el escenario principal de su tormento. Vivir bajo el mismo techo que el agresor transforma la rutina diaria en un estado de alerta permanente, donde el control extremo, los insultos y las agresiones físicas van calando profundamente en la estructura emocional de la mujer.
Mientras el sistema de justicia contabiliza expedientes, lesiones físicas y emite un promedio mensual de más de 3,000 órdenes de protección, las secuelas psicológicas permanecen como marcas invisibles pero destructivas. El estrés postraumático, la depresión severa, los trastornos de ansiedad, la pérdida absoluta de la autoestima y las ideas suicidas son algunas de las consecuencias directas.
La gravedad del impacto en la salud mental se intensifica al analizar el perfil demográfico de las personas afectadas, donde el 43.20% de las denunciantes son mujeres jóvenes entre 18 y 34 años. La violencia impacta con tanta fuerza en esta población que miles de dominicanas atraviesan la etapa más productiva de sus vidas con la salud mental profundamente fracturada.
El trauma psicológico acumulado durante estas edades no solo limita su desarrollo personal, profesional y económico, sino que también afecta a sus hijos y al núcleo familiar completo, consolidando la salud mental como una urgencia de salud pública que requiere atención psicológica especializada, sostenida e integral más allá del castigo penal al agresor.
Irene Santos, quien logró que su ex pareja fuera condenado a 15 años de prisión, afirma que las consecuencias del episodio continúan presentes, como una herida que el tiempo no ha conseguido cerrar. Aunque el hombre fue encarcelado, permanece con miedo y no recibió acompañamiento integral por parte del Estado.
Su relación con el sistema de justicia continúa solo a través de las audiencias. Cada vez que el condenado solicita un procedimiento judicial, ella recibe una notificación y debe presentarse. Durante estos seis años, ha tenido que mantenerse pendiente del proceso y acudir a las audiencias para evitar perder el seguimiento del caso.
Leticia, de 55 años, sobrevivió a un intento de feminicidio, pero la tragedia no terminó con aquel disparo. Sobrevivir significó cargar con una herida física y, sobre todo, con un trauma que nadie se ocupó de acompañar. Después de haber estado al borde de la muerte, asegura que nunca recibió seguimiento psicológico ni acompañamiento de una institución que la ayudara a reconstruir su vida.
La directora del Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia del Ministerio Público, Solange Alvarado, advierte que la gravedad de la violencia contra las mujeres es mayor de lo que suele percibirse. ‘La gente no sabe lo grave que es la violencia. Es peor de lo que la gente conoce. Lo que ocurre en una dinámica de violencia es terrible’, expresa.
