Xi Jinping no tiene sucesor definido y enfrenta dilema de sucesión

El Partido Comunista de China (PCCh) celebró este jueves un pleno sobre disciplina, que se considera una antesala del cuarto mandato de Xi Jinping. A un año del XXI Congreso, previsto para el otoño de 2027, no se ha designado sucesor y se han registrado varias vacantes en la cúpula del partido tras la campaña anticorrupción liderada por el mandatario.

Según el sinólogo Xulio Ríos, la ausencia de un sucesor designado refuerza la posibilidad de que Xi continúe al frente del Partido y del Estado, aunque no permite darla por segura. Los investigadores Jonathan A. Czin y Allie Matthias del Instituto Brookings coinciden en que el pleno prepara el terreno para un cuarto mandato, aunque subrayan las dificultades para renovar la dirección tras las purgas.

El debate sobre la sucesión se mantiene desdibujado, y no por descuido. Neil Thomas, Lobsang Tsering y Shengyu Wang del Asia Society Policy Institute destacan que Xi enfrenta un dilema: concentrar todo el poder dificulta la preparación de un sucesor, mientras que señalar a un delfín podría dar poder a un subordinado cuyas decisiones no puede controlar o predecir.

Ríos menciona al viceprimer ministro Ding Xuexiang como figura a observar, pero recalca que no hay indicios concluyentes de que esté siendo señalado como sucesor. El debate se centra en preservar la “continuidad estratégica” del sistema y su “capacidad de ejecución”.

Las purgas han afectado incluso el núcleo del poder militar. La Comisión Militar Central, máximo órgano de mando castrense, ha pasado de siete integrantes en 2022 a solo dos: Xi Jinping y el general Zhang Shengmin. El comunicado final del pleno anunció el ascenso de Zhang al Politburó y la expulsión del Partido de 33 dirigentes civiles y militares.

Según un recuento del diario hongkonés South China Morning Post, 35 miembros titulares del Comité Central han sido investigados o despojados de sus escaños legislativos. Czin y Matthias destacan que Xi ha dirigido la campaña también contra sus propios aliados, lo que complica la reconstrucción de un equipo de confianza.

El comunicado final del pleno también mencionó que entre enero y septiembre se sancionaron 680,000 personas, entre ellas 105 altos cargos de rango provincial o ministerial. La quinta sesión plenaria del XX Comité Central ha debatido a puerta cerrada un borrador de resolución presentado por Xi que aborda la supervisión interna.

Los investigadores del Asia Society Policy Institute advierten que no se debe confundir el dominio de Xi con la omnipotencia, señalando las dificultades para controlar una organización de unos cien millones de miembros. Xi reconoció en un discurso publicado este mes por la revista Qiushi que algunas directrices no se aplican o se aplican de forma incorrecta, y denunció a funcionarios que proclaman lealtad mientras actúan por su cuenta.

Para Ríos, el pleno buscó reforzar la capacidad de la dirección para hacer cumplir sus decisiones, corregir inercias burocráticas y evitar que el oportunismo o los intereses locales desvirtúen las prioridades centrales. “Un Partido permanentemente en estado de revista, con todos sus efectivos en formación y máxima alerta”, resume.

La persistencia de las investigaciones revela, a su juicio, un problema con “raíces profundas” que “no puede darse por resuelto”. Para Ríos, el objetivo de la campaña anticorrupción no puede reducirse a la eliminación de adversarios políticos, aunque no excluye que pueda servir para “neutralizar redes de poder o reforzar la autoridad de Xi”.

El objetivo, añade, es asegurar una organización cohesionada para “afrontar con garantías” la modernización prevista para 2035, horizonte que también atraviesa el debate sobre la continuidad del dirigente que más poder ha concentrado en China después de Mao Zedong.