1 de cada 10 familias no conoce paradero de desaparecidos

Ángel Alfredo Nicacio Tejeda, de 35 años, está desaparecido desde el 12 de septiembre. A pesar del reporte ante las autoridades correspondientes, no ha sido posible encontrarlo en calles, hospitales, cuarteles policiales, cárceles, aeropuertos y otros lugares del país.

El caso de Nicacio Tejeda no fue analizado en el informe “Diagnóstico Integral sobre Desapariciones No Voluntarias en República Dominicana”, presentado este año por el Defensor del Pueblo. Sin embargo, su desaparición tiene similitudes con los hallazgos encontrados.

Según el informe, 3 de cada 10 víctimas de desapariciones no voluntarias son adultos jóvenes menores de 30 años. El grupo entre 20 y 29 años representa el 28.1% de los desaparecidos, mientras que el 18.8% corresponde a personas entre 30 y 39 años.

Los adultos mayores también son un grupo vulnerable, ya que 1 de cada 5 desaparecidos tiene 60 años o más, lo que equivale al 18.8% del total. Muchos de estos presentan demencia o alzhéimer.

El informe destaca que, de todas las personas encuestadas, solo 1 familia de cada 10 con personas desaparecidas conoce el paradero de su ser querido. “La mayoría de los familiares declaró no disponer de información actualizada sobre el caso de su ser querido. El dato es revelador en dos sentidos: por un lado, pone de relieve la existencia de fallas de comunicación y seguimiento por parte de las autoridades, que colocan a las familias en un limbo informativo, agravando la incertidumbre”, señala el informe.

Según la investigación, el 54.5% de los familiares durante todos los años analizados “no recibió información” o se encuentra en un limbo informativo por parte de las autoridades. Además, el 53% de los encuestados calificó el trámite de la denuncia como difícil o muy difícil, señalando trabas, requisitos excesivos y, en un 19% de los casos, manifestó la negativa directa de las autoridades a aceptar la denuncia.

Un 31% de los familiares afirmó que las autoridades nunca tomaron acciones tras la denuncia. Los datos señalan que el 5.5% de todos los desaparecidos fueron hallados sin vida, el 10.9% de todos los casos fue archivado y el 23.6% de todos los casos sigue abierto.

En cuanto al sexo, el 71.6% de las víctimas son hombres frente a un 28.4% de mujeres. A pesar de ser familias con ingresos per cápita promedio de 12,806.00 pesos mensuales, el 62.1% reportó que nunca supo ni fue informado de operativos o acciones concretas por parte del Estado, obligándolos a privatizar la búsqueda, asumir costos propios y realizar labores de investigación por cuenta propia.

Tras la pérdida de un pariente, el 87% de los familiares manifestó que sufre alteraciones del ánimo derivadas de la pérdida ambigua y el duelo crónico. Un 66% manifestó tener dificultad para dormir; el 58.5% dijo tener intranquilidad y miedo, y el 45.3% dijo que sentía falta de ánimo para las tareas cotidianas.

Otro de los hallazgos que refleja este estudio es que, a pesar de esta situación, la mitad de las familias afectadas nunca recibió apoyo psicológico profesional.