Acusado de autorizar extracción 13 veces mayor a licencia ambiental en Hatillo
Organización exige revisión de contratos por extracción de sedimentos en presa de Hatillo que supera en 13 veces la cantidad autorizada.
El proyecto de extracción de sedimentos en la cola de la presa de Hatillo enfrenta un reclamo de suspensión inmediata tras detectarse inconsistencias entre los volúmenes autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente y las cantidades establecidas en los contratos de ejecución firmados por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente del partido Fuerza del Pueblo, el permiso otorgado (VSA09-26-00039) autoriza la remoción de 100,000 metros cúbicos de sedimento en un plazo de seis meses.
No obstante, tres contratos suscritos entre diciembre de 2025 y enero de 2026 comprometen la extracción de 1,330,694 metros cúbicos, lo que representa 13 veces la cantidad aprobada en la licencia ambiental.
El titular de la entidad política, Paino Abreu Collado, sostuvo que la explotación comercial de la grava y arena resultante podría generar beneficios netos cercanos a los RD$1,000 millones tras descontar los costos operativos y de transporte.
Abreu cuestionó la ausencia de un esquema competitivo y transparente que garantice que el Estado retenga una mayor porción de dicho valor o que destine fondos a la restauración de la cuenca del río Yuna.
Ante la disparidad de las cifras, la organización solicitó al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y al Ministerio de Medio Ambiente realizar una revisión técnica y jurídica urgente.
Instó a Egehid a paralizar la extracción, acarreo y entrega de materiales hasta tanto una comisión evaluadora emita un informe y se aclare por qué la obra no fue clasificada en la categoría de mayor impacto ambiental (Categoría A), según lo dispone la Resolución 0025-2024.
El reclamo incluye peticiones formales a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, a la Dirección General de Contrataciones Públicas y a la Cámara de Cuentas para que investiguen posibles infracciones a la Ley 64-00, auditen la licitación EGEHID-CCC-LPN-2025-0015 y verifiquen el destino de los recursos generados.
Finalmente, la organización política demandó la integración de una veeduría ciudadana con representación comunitaria, académica y eclesial de Monseñor Nouel y La Vega, respaldando la solicitud de acceso a los estudios de impacto ambiental, contratos y registros de consultas comunitarias.
