Jueves, 22 de octubre de 2026
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Código Penal: Entrada en vigencia de sanciones a empresas se pospone hasta 2028

El Senado aprobó la modificación del Código Penal, posponiendo la vigencia de sanciones a empresas hasta el 5 de noviembre de 2028.

Senador Rafael Barón Duluc en sesión del Senado.
Senador Rafael Barón Duluc en sesión del Senado.

El Senado de la República aprobó y declaró de urgencia el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 31 de la Ley 44-26. Esta norma ajusta varias disposiciones del Código Penal de la República Dominicana.

Según el texto aprobado, los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal entrarán en vigor 24 meses después del 5 de noviembre de 2026, es decir, el 5 de noviembre de 2028.

El proyecto fue presentado por el senador Rafael Barón Duluc Rijo, de la provincia La Altagracia, quien preside la comisión de Justicia del Senado. El presidente de dicha comisión presentó un informe favorable al Pleno Senatorial y solicitó que la iniciativa se incluya en los trabajos de la orden del día de este miércoles.

La norma busca establecer un período de adecuación para que las personas jurídicas se preparen y cumplan con las nuevas disposiciones. Entre los artículos modificados se encuentra una disposición que considera a las empresas penalmente responsables de las infracciones cometidas por los actos u omisiones punibles de sus órganos, representantes o subordinados.

El artículo 8 establece que las empresas serán responsables si los actos u omisiones punibles de sus órganos, representantes o subordinados son consecuencia del incumplimiento de sus deberes de dirección, control o supervisión.

No obstante, las empresas que hayan comprometido su propia responsabilidad en los mismos hechos, ya sea como autor o cómplice, no quedan exentas de un castigo penal.

Además, los senadores sancionaron de urgencia otro proyecto de ley que modifica los artículos 4, 5, 12, 14 y adiciona un artículo 12.1 a la Ley 339-22, sobre uso de Medios Digitales en el Poder Judicial. Esta normativa busca optimizar la prestación del servicio judicial, agilizar, fortalecer su eficiencia y garantizar un acceso a la justicia más ágil.

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