Corte revisa recurso de condenado a 20 años; defensa alega prescripción y prueba falsificada

La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo conocerá este martes un recurso de apelación interpuesto por César Miguel Trinidad, condenado a 20 años de prisión y al pago de una indemnización de un millón de pesos. En el proceso, su defensa alega que la acción penal había prescrito y que se utilizó una prueba documental presuntamente falsificada.

Los jueces Darío Gómez, Máximo Santiler y Julia Morfa analizarán el recurso presentado por los abogados de Trinidad, el licenciado Andrés Albrincole García y el doctor Manuel García, contra la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo.

Según la defensa, su defendido no cometió los hechos que se le imputan y alegan que han transcurrido aproximadamente 23 años desde el período en que presuntamente ocurrieron. La acusación, según la defensa, tendría como propósito que la señora Berta Mabel Soto, quien figura como querellante, se apropie de los bienes de Trinidad.

El recurso indica que los hechos habrían ocurrido en fechas no precisadas entre los años 2000 y 2002, mientras que la denuncia fue presentada en 2024 y el imputado fue procesado en 2026. La defensa argumenta que, durante el período en que presuntamente ocurrieron los hechos, estaba vigente el Código de Procedimiento Criminal, que establecía un plazo de 10 años para la prescripción de los crímenes.

Por esa razón, sostienen que la acción penal se encontraba prescrita cuando se inició el proceso judicial. En su recurso, los juristas solicitan a la Corte anular la Sentencia Penal núm. 54804-2026-SSEN-00161, del 13 de mayo de 2026, por considerar que vulnera la Constitución de la República al haberse procesado a su defendido cuando, según alegan, la acción penal ya se había extinguido por el transcurso del tiempo.

Asimismo, solicitan que se declare la extinción de la acción penal por prescripción a favor de César Miguel Trinidad, se ordene su inmediata puesta en libertad, se disponga el cese de cualquier medida de coerción que pese en su contra y se ordene el archivo definitivo del proceso. De manera subsidiaria, los abogados piden que, si los jueces no acogen el argumento de la prescripción, revoquen o anulen la sentencia condenatoria impugnada, por entender que existen motivos legales para dejarla sin efecto.