Diez años del Pacto Educativo: más inversión, pero aprendizajes siguen rezagados

El Consejo Económico y Social (CES) publicó el balance de los primeros diez años del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, que abarca el periodo 2014–2024. El documento destaca avances en la ampliación del acceso a la educación, la mejora de las condiciones laborales del magisterio y el aumento sustancial de la inversión. Sin embargo, estos avances no se han traducido en mejoras proporcionales del aprendizaje.

El estudio, elaborado por Magdalena Lizardo Espinal con la colaboración de Marygracia Aquino, señala que la calidad educativa sigue siendo uno de los desafíos menos resueltos del acuerdo. Se advierte que persisten diferencias entre el currículo establecido y las prácticas pedagógicas del aula, junto con limitaciones en el acompañamiento a las escuelas.

Publicado en 2026, el documento reconoce la generalización de la jornada escolar extendida, la expansión de la educación inicial y la atención integral a la primera infancia como cambios relevantes. También destaca la actualización curricular por competencias y las nuevas normas sobre formación y desarrollo de la carrera docente.

Aunque se ampliaron oportunidades educativas, persisten resultados desiguales. Se señala la existencia de brechas territoriales y socioeconómicas, así como dificultades para que los estudiantes concluyan oportunamente los niveles educativos. La vulnerabilidad económica, la incorporación temprana al trabajo, el embarazo adolescente y las uniones tempranas afectan las trayectorias escolares.

En materia financiera, el informe considera histórico el incremento del gasto educativo, que permitió expandir infraestructura, servicios y programas. Sin embargo, se señala la existencia de problemas de eficiencia, calidad del gasto y correspondencia entre las inversiones realizadas y las prioridades estratégicas del sistema.

La carrera docente presenta un balance igualmente contrastante. Mejoraron la regulación del ingreso, la formación inicial y continua y las condiciones laborales, pero siguen pendientes una articulación efectiva entre evaluación, incentivos y desarrollo profesional, así como mecanismos de acompañamiento que permitan convertir esos avances en mejores prácticas de enseñanza.

La gestión educativa conserva, además, una estructura centralizada. Aunque avanzaron la modernización administrativa y los sistemas de información, las regionales, los distritos y los centros disponen de autonomía insuficiente para responder a las necesidades de sus comunidades.

El propio seguimiento del Pacto enfrenta una debilidad fundamental: la ausencia de un sistema de indicadores oficialmente aprobado y de metas explícitas compartidas. Sus instancias han funcionado principalmente como espacios de seguimiento y validación, con capacidad limitada para impulsar ajustes oportunos.

El documento también pide considerar el impacto de la pandemia sobre los aprendizajes y la equidad. Para el período restante hasta 2030, propone concentrar esfuerzos en los aprendizajes fundamentales, la profesionalización docente, la coordinación institucional y la vinculación de la educación con las necesidades productivas.