Domínguez Brito acusa de ejecuciones extrajudiciales y cuestiona la respuesta policial

El exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, acusó de crítica la situación de las muertes de presuntos delincuentes a manos de agentes policiales en República Dominicana, señalando que estas prácticas ponen en riesgo el Estado de derecho. Durante una entrevista en el programa El Día, el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió que la cantidad de asesinatos, denominados ejecuciones extrajudiciales, nunca había sido tan alta ni tan preocupante como en la actualidad.

Domínguez Brito cuestionó la actuación policial, la falta de información verificable sobre algunas víctimas y la respuesta de las instituciones responsables de garantizar la justicia. Afirmó que algunas personas mueren sin haber sido sometidas a procesos judiciales y que otras podrían ser víctimas de errores de identificación, decisiones individuales de agentes o presiones para presentar resultados en la lucha contra la delincuencia.

El dirigente peledeista sostuvo que las personas de escasos recursos tienen mayores dificultades para reclamar justicia, contratar abogados o conseguir que sus casos reciban atención pública. Además, señaló que la Policía Nacional, el Ministerio Público y otros organismos no cuentan con acceso suficiente a los números de cédula y a la identidad real de las personas fallecidas para verificar sus antecedentes.

Según explicó, la información disponible suele depender de reportes periodísticos y de datos obtenidos directamente de sus familiares. Durante la entrevista, Domínguez Brito advirtió que algunas personas pueden ser confundidas con sospechosos de delitos y morir sin que se compruebe su participación en los hechos investigados. Como ejemplo, mencionó casos en los que, según dijo, personas que tenían presentación periódica ante las autoridades terminaron muertas durante actuaciones policiales.

También cuestionó la situación de jóvenes que, según un reportaje presentado en el programa, intentaron entregarse a la Policía en Santo Domingo Este porque temían ser ultimados, pero no fueron recibidos. El vocero policial citado en ese reportaje explicó que no existía una orden de arresto emitida por un juez competente para esas personas.

Ante ese escenario, el exprocurador consideró que quienes teman por su vida deben acudir al Ministerio Público para verificar si tienen procesos pendientes y dejar constancia de las amenazas que denuncien. Asimismo, reclamó una respuesta coordinada de la Policía, la Procuraduría y el Poder Judicial.

Otro de los señalamientos de Domínguez Brito se refirió a presuntos pagos a agentes policiales para matar a vendedores de drogas y favorecer a otros microtraficantes. Afirmó que algunas de estas muertes podrían estar relacionadas con disputas dentro del microtráfico, y no necesariamente con la persecución de robos y atracos.

También sostuvo que estas prácticas agravarían los problemas de seguridad e institucionalidad, al tiempo que cuestionó la supuesta participación de agentes en la protección de actividades ilícitas. Estos señalamientos fueron expuestos durante la entrevista y requieren verificación independiente para establecer responsabilidades concretas.

Domínguez Brito advirtió que el uso recurrente de la fuerza letal también puede tener consecuencias para los propios agentes. Afirmó que algunos policías involucrados repetidamente en estas muertes viven en condiciones de desgaste psicológico y tienen dificultades para dormir. La mayoría de ellos, de esos policías que se dedican a eso, ni duermen bien, expresó.

A su juicio, el Estado no debe fomentar prácticas que conviertan a los agentes en ejecutores al margen de la ley, sino fortalecer los mecanismos de investigación, supervisión y responsabilidad institucional. También advirtió que quienes actúan de esa manera podrían trasladar esas conductas a otros escenarios delictivos.

El exprocurador cuestionó que algunos sectores sociales respalden las muertes de presuntos delincuentes como método para combatir la criminalidad. Sostuvo que el respaldo a estas actuaciones puede cambiar cuando una víctima es una persona conocida o pertenece a una familia con capacidad para exigir explicaciones.

También criticó unas declaraciones del presidente de la República sobre la entrega de personas buscadas por las autoridades, al considerar que ese tipo de mensajes puede interpretarse como una señal equivocada frente al respeto al debido proceso. Domínguez Brito insistió en que la seguridad ciudadana debe apoyarse en investigaciones que permitan identificar a los responsables y llevarlos ante los tribunales, en lugar de recurrir a muertes que impidan esclarecer los hechos.

Durante la conversación, Domínguez Brito también expresó preocupación por el consumo de drogas entre adolescentes y jóvenes. Afirmó que el país debe prestar mayor atención a esta situación y advirtió sobre los riesgos que podrían representar las drogas sintéticas, incluido el fentanilo, si aumenta su penetración. Asimismo, consideró necesario involucrar a las familias, los centros educativos y las autoridades en la prevención del consumo y en la persecución del narcotráfico.

El exprocurador concluyó que la seguridad ciudadana requiere una transformación institucional que combine prevención, investigación criminal, persecución efectiva de los delitos y respeto a las garantías legales. A su entender, las ejecuciones extrajudiciales no sustituyen la justicia ni ofrecen una solución sostenible a la delincuencia.